Por: Diana Marcela Cañón L
La educación es la base fundamental para un proyecto de vida, de sociedad y de nación. De ahí que la Juventud Patriótica haya acuñado la consigna “Por una educación nacional, científica y de masas”.
Históricamente Colombia se ha caracterizado por esperar mucho de la educación, en especial de la oficial, pero invirtiendo muy pocos recursos en ella, o no los suficientes; muestra de ello es la constante movilización por parte de los profesores y estudiantes en busca de financiación adecuada para la educación, y la inflexible negativa del gobierno argumentando que no se obtienen los resultados esperados y que por ello, antes que dar más recursos, hay que reevaluar nuevamente en qué y cómo se invierten los ya asignados.
La última medida educativa implementada por el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón fue promover una política de becas para que estudiantes de estratos uno, dos y tres, que terminaran su bachillerato pudiesen ingresar a la educación superior. Nada mal parecía a primera vista. Un programa que favorezca aquellos que en circunstancias normales, en un país donde para muchos es un privilegio estudiar y para poder hacerlo se debe endeudar, una posibilidad de financiamiento dada por el Estado no sonaba para nada mal.
Previendo un nuevo levantamiento estudiantil si se anunciara sin rodeos que una parte creciente y significativa del escuálido presupuesto para las universidades públicas ahora se dedicaría a las privadas, y necesitando un nuevo acto de demagogia, el gobierno Santos, a instancias de un estudio de la Universidad de los Andes, creó el programa Ser Pilo Paga.
Cuando la ministra de educación Gina Parody propuso este programa, algunas universidades, salieron a respaldar con gran entusiasmo la propuesta de la ministra, pues abrir las posibilidades para que gente humilde se pueda formar profesionalmente es todo un avance. Las más felices y jubilosas con el nuevo programa fueron las Instituciones de educación superior privadas, pues los recursos provenientes del Estado para financiar el programa Ser Pilo Paga no estarían destinados a ser ejecutados por la educación pública oficial, sino que todas las universidades del país, acreditadas ante el Consejo Nacional de Acreditación, podrían competir por dichos recursos.
Pero si manifestaron preocupación las universidades públicas oficiales de todo el país. ¿Ahora les tocaba competir por recursos con todas las universidades acreditadas del país, por qué?, ¿cómo así que los recursos estatales se irían a las arcas de las universidades privadas?, ¿por qué no invertir dichos recursos en las Instituciones de educación superior públicas, restringiéndolos, por ejemplo, a ampliación de la cobertura? Pero no, fortalecer la educación pública no era el propósito de la política Ser Pilo Paga.
Según la ministra Parody entre más oferta hubiese, más democrático sería el proceso y los mayores beneficiados serían los jóvenes que fueran merecedores de acceder al programa, ya que tendrían múltiples posibilidades para escoger; además, pondría a las universidades a competir sanamente entre ellas y esto obligaría a que mejoran sus estándares de calidad, pues para ser atractivas para los jóvenes deberían adquirir reconocimiento y estatus.
Puestas así las condiciones, la situación para las universidades públicas se complejiza aún más ya que los criterios de ingreso de una universidad pública a una privada son muy diferentes.
Para ingresar a una universidad pública no basta que el estudiante haya terminado sus estudios de educación media y haber presentado el examen Saber 11; también tienen que estar sujeto a la aprobación un examen de admisión, al cual se presentan gran cantidad de muchachos que compiten por un cupo. En cambio a las universidades privadas, van con su diploma de grado, con su examen Saber 11 y con la constancia de que es merecedor a un cupo y a un apoyo económico gracias al puntaje obtenido en el examen que realiza el ICFES. En éstas circunstancias es más fácil para un joven acercarse a una institución de educación superior privada, donde no tiene que someterse a una prueba en la que puede o no ser admitido, cuenta con funcionarios al acecho en busca de estudiantes que estén dispuestos a pagar sus altas matrículas y si son beneficiados por las becas proveniente del Estado es mucho mejor, ya que los dineros de los admitidos llegaran cumplidamente.
Así pues, las universidades públicas oficiales están en gran desventaja actualmente. Tras de que los recursos girados por la Nación no alcanzan para la gran demanda de necesidades que se presentan a nivel de infraestructura, mobiliario, pago de pensiones, inversión para investigación y tecnología, ahora tiene que competir por recursos con universidades privadas que cuentan con la posibilidad de cobrar matriculas elevadas, ofrecen servicios que son muy bien pagados y no tiene la dificultad de estar sometidos a las restricciones financieras, salvo, claro está, las que imponga el dueño del negocio universitario.
Cabe aclarar que no nos oponemos a que el Estado financie la educación superior de los jóvenes más destacados de los estratos uno, dos y tres; por el contrario creemos que todos los colombianos sin diferenciación económica, social, cultural o racial deben acceder a lo más avanzado de la educación. Con lo que no estamos de acuerdo es que las Instituciones de educación superior privadas sean las captadoras de los recursos Estatales.
Los efectos de este programa pueden verse desde varias ópticas. En próxima entrega miraremos las cifras puestas en marcha y los efectos sociales que acarrea el programa.
