La Fiscalía 13 de Justicia y Paz está reconstruyendo los hechos en torno a la toma de institución académica por parte del paramilitarismo. La documentación deja claro cómo desde La Capilla, finca de Salvatore Mancuso, se nombraron y destituyeron rectores, y se dictaron las políticas universitarias y laborales.
Luego de infiltrar con éxito las entidades gubernamentales y los organismos de seguridad cordobeses, Salvatore Mancuso emprendió un macabro plan para tomarse el poder de la Universidad de Córdoba. Y lo logró. En su empeño, dejó una dolorosa estela de muerte y desarraigo de la cual aún no se recupera este claustro universitario.
Este es, quizás, uno de los capítulos más dolorosos de las acciones paramilitares en este departamento que, gracias a las confesiones de ex integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, entre ellos el propio Mancuso, así como a los relatos de los sobrevivientes de aquella inclemente persecución, la opinión pública puede conocer en detalle lo que pasó en el Alma Mater entre los años 1998 y 2004.
La exhaustiva labor de documentación que viene realizando la Fiscalía 13 de Justicia y Paz, con sede en Montería y encargada de investigar los crímenes de los bloques que ejercieron su dominio en tierras cordobesas, permite conocer aspectos inéditos de esta historia. Varios de estos pormenores fueron presentados recientemente en audiencia ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín.
Uno de ellos guarda relación con la polémica elección de Claudio Sánchez Parra como rector de la Universidad de Córdoba. Parra Sánchez fue designado como rector por el Consejo Superior Universitario tras la renuncia de Víctor Hugo Hernández Pérez, el 4 de junio de 2002. Para aquel año ya era un secreto a voces que la agenda universitaria era trazada por Mancuso desde su finca La Capilla.
Y no andaban equivocados. Las indagaciones de la Fiscalía 13 han permitido ratificar que tanto el nombramiento de Sánchez Parra como la renuncia de Hernández Pérez se dieron por orden del exjefe paramilitar. Él fue quien diseñó varias de las políticas para este centro universitario entre 2000 y 2004, como la renegociación de la convención colectiva del sindicato, la eliminación del servicio de salud universitario, el congelamiento de los aumentos salariales a los docentes por obtención de méritos académicos, entre otros.
Paradójicamente, varias de estas medidas, según lo dijo el Fiscal 13 de la Unidad de Justicia y Paz, fueron aplaudidas en su momento por el Ministerio de Educación e, incluso, fueron referenciadas como modelo a seguir por otras universidades públicas con problemas de sostenibilidad financiera.
Lo que también fue un modelo replicado en otras universidades públicas de la Costa Caribe y del interior del país, como lo pudo documentar el Ente acusador, fue la sangrienta arremetida de facciones paramilitares contra estudiantes y profesores sindicados de ser “simpatizantes o auxiliadores de guerrilla”. (Ver: Los crímenes de Mancuso en la Universidad de Córdoba)
VerdadAbierta.com reconstruye apartes de esta historia, profundizando en detalles hasta ahora poco conocidos.
El escogido
Según el Ente Investigador, la renuncia del rector Víctor Hugo Hernández Pérez se dio luego que fuera citado por el exjefe paramilitar a La Capilla, junto con otros directivos universitarios, para que rindieran cuentas.
“El rector (Hernández) había celebrado contratos y nombrado funcionarios sin el beneplácito de Mancuso, quien vio esto como un acto de desobediencia o insubordinación. Mancuso no le dio más opción al rector: o renunciaba o se atenía a las consecuencias. Fue así como se produjo su renuncia”, relató el Fiscal ante el Tribunal.
Lo curioso es que Hernández Pérez había sido “ungido” por el propio Mancuso dos años antes para que llevara las riendas de la Universidad. Ver: La toma de la Universidad de Córdoba). El exjefe paramilitar ya había enviado mensajes claros que necesitaban una persona funcional al paramilitarismo. Y fue así como presionaron y amenazaron al entonces rector Eduardo González Rada para que retirara su aspiración de reelección a la rectoría. Las intimidaciones se extendieron al entonces vicerrector académico, Alberto Mestre Pineda, quien también dimitió de su aspiración al cargo de rector.
Apareció entonces Hernández Pérez, director del Centro Regional de Educación a Distancia (Cread) quien terminó disputando la rectoría con Habib Barrera. Hernández ganó la consulta entre los estudiantes y profesores con casi el 53 por ciento de los votos, seguido de Barrera, que superó el 30 por ciento. El Consejo Superior de la institución tenía que definir entre estos dos aspirantes que pasaron el umbral. Hoy, la Fiscalía 13 ha logrado determinar que el Consejo Superior de aquel entonces recibió llamadas intimidantes para que votaran por Hernández Pérez, quien a la postre fue designado rector de la Universidad de Córdoba el 12 de agosto de 2000.
Con su designación comenzaba a consolidarse la sangrienta toma paramilitar del claustro universitario que inició el 19 de marzo de ese año con el asesinato de Pedro Esteban Manotas Olascoaga, estudiante de décimo semestre de ciencias sociales y dirigente estudiantil. El día 28 de ese mismo mes, mientras viajaban con otros universitarios a un encuentro académico en la ciudad de Santa Marta, fueron sacados a la fuerza del vehículo en que se movilizaban los estudiantes Carlos Julio Ramírez y Javier Hernández. Los hombres de Mancuso los liberaron días después con un aterrador mensaje: estudiantes, trabajadores sindicalizados y profesores debían cesar con toda protesta.
Para que no quedara duda que las advertencias iban en serio, el 1 de abril fue asesinado el estudiante Eduardo Enrique Hernández. Una semana después caería abatido el docente James Antonio Pérez, miembro de la Asociación de Profesores Universitarios (Aspu). Dos líderes estudiantiles más perderían la vida en mayo a manos de los paramilitares: Sheila María Olascoaga y Marly María de la Osa Quiñones. A los asesinos nos les importó que Marly estuviera en su séptimo mes de embarazo.
La muerte volvería a alcanzar a la comunidad universitaria el 21 de septiembre. Ese día fueron secuestrados el profesor y miembro de Sintraunicol, William Enrique Aguirre y su hijo menor de edad, quien fue liberado horas después. El 8 de octubre sería encontrado el cuerpo sin vida del docente en zona despoblada a las afueras de la ciudad de Montería.
Una semana antes, el 10 de septiembre, ocurriría uno de los sucesos que más conmocionó a la comunidad académica cordobesa: el asesinato del profesor Hugo Alfonso Iguarán, excandidato a la rectoría de la Universidad. Iguarán ya había sobrevivido a un atentado contra su vida, perpetrado el 12 de mayo en la ciudad de Montería. Sobre su muerte aún ronda un gran misterio, toda vez que se produjo en la residencia del recién posesionado rector Hernández Pérez.
Según la versión que años después entregó a la justicia, Hernández había citado a Iguarán a su casa para comentarle que pensaba nombrarlo vicerrector académico y que en ningún momento le tendió trampa alguna. Pero la justicia le dio crédito a la versión de varios exparamilitares, entre ellos a Jorge Andrés Medina Torres, alias “Brayan”. Fue así como el 23 de agosto de 2010, el Juzgado 10 Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a 35 años de prisión a Hernández Pérez como determinador del homicidio del docente Iguarán.
El exrector nunca estuvo presente en la etapa de juicio y hoy continúa huyendo de la justicia, mientras se resuelve la apelación que presentaron sus abogados al fallo de primera instancia. (Ver: Condenan ex rector de Unicórdoba a 35 años de cárcel por homicidio de profesor)
En entrevista exclusiva concedida en marzo de 2013 a VerdadAbierta.com, Hernández Pérez declaró su inocencia y las razones por las cuales permanece prófugo de la justicia (Ver: “Me fugué para salvar mi vida”: ex rector de la Universidad de Córdoba). A su vez, Mancuso ha declarado ante fiscales de Justicia y Paz, desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos, que Hernández Pérez no tuvo nada que ver con el asesinato de Iguarán.
La reunión en Santa Fe de Ralito
Antes de su renuncia, y por petición expresa de Mancuso, Hernández Pérez logró sacar avante una modificación al proceso de elección del cargo de rector, eliminando la consulta interna entre estudiantes y docentes, y dejando la designación solo en los nueve miembros del Consejo Superior Universitario.
Fue así como bastaron ocho de nueve votos para designar a Claudio Sánchez Parra, quien venía adelantando el estudio de viabilidad financiera de la Universidad, como rector encargado mientras se realizaban nuevas elecciones con un abanico más amplio de postulados. Lo documentado por la Fiscalía 13 de Justicia y Paz sobre lo que ocurrió después deja claro que, para ese momento, el paramilitarismo había logrado su cometido de tomarse el principal centro universitario de Córdoba.
A principios de 2001, Mancuso citó a los representantes de los trabajadores sindicalizados y los profesores universitarios a una reunión en su finca La Capilla. Ante la negativa de estos, la orden fue perentoria: “o vienen o vamos por ustedes”. Sin más alternativa, los miembros de la comunidad universitaria acudieron a la cita acompañados de un delegado de la Defensoría del Pueblo.
Al llegar al lugar acordado se encontraron no solo con decenas de hombres armados, sino también con el pleno del Consejo Superior, integrado en aquel entonces por Félix Manzur Jattin, quien además es familiar del exparamilitar Salomón Feris Charid (alias O8), Hugo Ordoñez, Norman Espinoza Nieto, Alicia Cogollo, Jorge Ortega Montes, Jaime Durango Vertel, Rafael Dager, Carlos Castaño Puente y John Jairo Gómez.
Momentos después se les uniría el exjefe paramilitar, quien llegó al lugar en una camioneta acompañado por su guardia personal y el rector encargado Claudio Sánchez Parra. Allí, Mancuso justificó las acciones de las Autodefensas en la Universidad. Les dijo a los presentes que para salvar el claustro universitario había que renegociar la convención colectiva con los sindicatos, acabar con el fondo de salud universitario y evitar, a como diera lugar, las protestas de estudiantes y trabajadores.
No se trató de una “lluvia de ideas”: antes de culminar la reunión les dio un plazo perentorio de tres meses para cumplir con estas directrices y propuso que se nombrara a Sánchez Parra como rector en propiedad. Y efectivamente, ya como máxima autoridad universitaria, Sánchez Parra comenzó a dar cumplimiento a lo que se conoció en la Universidad como la “agenda de Ralito”.
A los trabajadores sindicalizados se les desconoció sistemáticamente gran parte de los puntos de la convención colectiva; se eliminaron buena parte de los beneficios que los trabajadores universitarios tenían hasta entonces, se redujo al máximo el auxilio de transporte destinado a estudiantes cuando querían viajar a otras ciudades; se negaron reconocimientos salariales para quienes obtenían algún título profesional; y se abrieron procesos contra sindicalistas que decidieron convocar asambleas, entre otros.
Sánchez Parra fue detenido por agentes del CTI de la Fiscalía en diciembre de 2008 para que enfrentara varias investigaciones penales derivadas de las confesiones de Mancuso ante los fiscales de Justicia y Paz. Actualmente goza del beneficio de casa por cárcel, mientras su proceso avanza en la justicia ordinaria. En entrevista realizada por la Fiscalía 13 de Justicia y Paz presentada ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, Sánchez Parra dijo que, como sus antecesores, fue víctima de presiones y amenazas, al igual que su familia.
“A mí me llamaron para que fuera a una reunión en Santa Fe de Ralito, que si no, tendría que asumir las consecuencias”, dijo Parra a los fiscales de Justicia y Paz y añadió que dado que venía adelantando, desde años antes de su posesión como rector, un estudio sobre la viabilidad financiera de la Universidad, encontró que para que esta fuera sostenible económicamente había que tomar medidas como las que decretó; además, aclaró que en ningún momento estuvieron influenciadas por las directrices de las Auc y que, incluso, fueron reconocidas a nivel nacional.
En la actualidad la Universidad de Córdoba enfrenta una demanda de los trabajadores por vulnerar derechos laborales adquiridos. Por su parte, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín solicitó todas las actas del Consejo Superior Universitario donde se discutió la elección de Sánchez Parra.
De otro lado, el centro académico cordobés hace parte de los casos de reparacióncolectiva que prepara la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas. Y si bien el exjefe paramilitar ha confesado, desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos, su responsabilidad en los hechos ocurridos en el Alma Mater, sus víctimas, todos ellos docentes y universitarios, esperan que para ellos llegue más verdad y más justicia.
