Durante decenios los mandatarios colombianos han venido, de una parte, diluyendo el apoyo a la actividad productiva de los estratos empresariales y, de la otra, buscando arrebatarles a las masas laboriosas los contados derechos y conquistas obtenidos en incesante batallar. Conforme a sus escrúpulos, astucias u oportunidades los gobiernos han corrido con mayor o menor suerte en semejante propósito. Pero el actual batió todas las marcas. En prontitud, porque en medio año le puso piso legal al conjunto de sus garrafales intenciones. En extensión, porque las enmiendas abarcan los más variados y sensibles tópicos de la vida del país. En profundidad, porque pocas veces el zarpazo fue tan desgarrador. En frescura, porque se recurre a cualquier arbitrio, igual a la pérfida asistencia de los victoriosos invasores del Medio Oriente que a la sumisión prometedora de los asaltantes del Palacio de Justicia.
