Enviado por mauriciovargas el Mar, 07/02/2013 - 22:18
Bajo la premisa de que la Ley 30 debe ser derogada y reemplazada por un nuevo sistema de educación superior, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) propone en su proyecto de ley que la educación se conciba como un derecho fundamental y una condición para el desarrollo, que sea de alta calidad, con cuerpos de gobierno más democráticos y que esté al servicio del país.
Partiendo de que la universidad colombiana está en crisis y requiere medidas urgentes y profundas, los estudiantes que hacen parte de la Mane plantean en su iniciativa -que estaría lista a finales de agosto- educación gratuita, créditos educativos del Icetex sin tasas de interés, un revolcón en los cuerpos de gobierno de las universidades públicas (donde al menos siete de sus miembros sean elegidos de forma democrática) y pasar del 30 al 70 por ciento el número de profesores de tiempo completo en las instituciones, de manera que aumente la investigación en las universidades.
“Partimos del hecho de que el eje de la educación superior debe ser la universidad pública. Hay que fortalecerla, de manera que todo colombiano tenga esta posibilidad y la universidad privada no sea una obligación sino una opción”, afirma Juan Sebastián López, vocero de la Mane.
En la propuesta también consignan aumentar en 5 billones de pesos el presupuesto de la educación superior (pasar de 2,3 billones de pesos a 7,3 billones de pesos), crear un sistema nacional de bienestar que garantice la permanencia de los estudiantes (fortalecer y ampliar las residencias universitarias, dar auxilios de transporte y alimentación) y garantizar la calidad a través de la cualificación docente (más profesores con doctorado), una mejor infraestructura y más redes de cómputo y laboratorios.
Así mismo, el proyecto plasma que la investigación universitaria sea independiente y no esté ajustada sólo a las necesidades de la empresa privada; que haya cupos específicos para las comunidades indígenas y afrocolombianas y que existan cursos nivelatorios, previos al ingreso a la educación superior, de forma que los estudiantes superen las falencias que traen de la educación secundaria y no deserten del sistema.
“Proponemos, además, que las Pruebas Saber Pro no sean un mecanismo de aseguramiento de la calidad y que ésta se garantice mediante la evaluación, pero hecha por la comunidad académica y científica. El evaluador no debe ser el Gobierno”, agrega vocero de la Mane.
El proyecto de ley de los estudiantes, que hasta el momento contempla cerca de 60 artículos -y que presentarán al Gobierno Nacional en una mesa de discusión- hace explícita la prohibición de instituciones de educación superior con ánimo de lucro; propone que los recursos que alimentan el Icetex no provengan de empréstitos con el Banco Mundial sino que salgan del presupuesto nacional (que este no sea un banco) y que esta entidad incentive créditos para estudios en el exterior.
“Icetex debe ser un mecanismo complementario de la educación superior y garantizar este derecho”, dice Fernández.
“Estamos analizando replantear las funciones de organismos como el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), de manera que revisen si las universidades cumplen la ley y tienen condiciones institucionales y materiales para garantizar la educación”, puntualiza.
Los 5 billones de pesos adicionales para la educación superior
Según la Mane, triplicar el presupuesto para las universidades públicas es factible en el entendido de que, por ejemplo, con la reforma tributaria se redujo el impuesto de renta a algunas empresas del país del 33 al 25 por ciento y esos 8 puntos equivaldrían a cerca de 6 billones de pesos. “Si un gobierno tiene recursos para disminuirles a los más ricos 6 billones de pesos al año, ¿cómo no tiene para aumentarle a la educación superior 5 billones como proponemos? Es una cifra realizable”, comentan los voceros de la Mane.
Tomado de: El Tiempo
