Declaración del PTC
EL PARO ARMADO Y LA MARCHA URIBISTA
En secuencia letal, el paro armado y la marcha uribista, cual rayo en cielo no tan sereno, vinieron a notificarle a Colombia que no sólo no han quedado atrás los días de la intimidación armada de extensas comarcas y aún de grandes ciudades, sino que de manera masiva, abierta y desafiante, amenazaron de muerte a todo aquel que no aceptare someterse a sus designios. Tan lúgubre mensaje se abatió sobre 36 municipios de ocho departamentos, con acciones violentas intensificadas en Antioquia, Urabá, Córdoba, Chocó y Sucre, pero extendidas a varias regiones más como el Sur de Bolívar, con el saldo de ocho uniformados y un civil muertos, el transporte paralizado y el cierre casi generalizado de los establecimientos comerciales.
Y en seguidilla, el tropel de los desfiles uribistas, nutridos con los sectores más regresivos de las capas medias y algunas de los estratos altos, con consignas escritas y vociferadas en abierta rebelión frente a decisiones del Estado de derecho. Como las pancartas y estribillos contra las decisiones y procesos judiciales que involucran conspicuos miembros del uribismo, contra la política de restitución de tierras, y sobre todo, ante el proceso de negociaciones de paz de la Habana, o profiriendo condenas al aborto, los lgtbi, y mueras a comunistas y guerrilleros, en un despliegue a pleno sol de una política y una cultura de signo inequívocamente fascista. En suma, que el país ha sido advertido, brutal y plenamente, a través de una combinación de actividad política y acciones armadas, que la continuación recrudecida de la violencia de los sectores más reaccionarios es el mayor peligro que afronta Colombia.
El ex presidente Uribe le debe al país la explicación de por qué hasta la fecha nunca condenó el paro armado ni rechazó el respaldo público que le extendió a su marcha.
Y el gobierno nacional, en lo sucesivo, debe rectificar la injustificable y evidente falta de preparación frente al paro armado anunciado, al igual que la jornada de espanto y zozobra durante la cual las gentes del común tuvieron que suspender sus actividades habituales y refugiarse en sus casas sin la adecuada protección que el Estado debe a la población colombiana. Sobre todo, frente a los incontestables acontecimientos resulta inadmisible la consideración oficial según la cual “el paramilitarismo es un fantasma que ya no existe”. Semejante desfase, manifiesto en las discusiones finales de las negociaciones de la Habana pone en riesgo la firma misma de los acuerdos de paz y con ello, el más importante paso de avance del país, pues no sería razonable esperar que los alzados en armas se desmovilicen sin las debidas garantías para su reincorporación a la vida civil.
Colombia escogió respaldar el camino de la paz cuando votó para elegir a Juan Manuel Santos y derrotar al candidato de la continuación de la guerra. Por ello, y aun cuando sus ejecutorias dejan muchísimo que desear en punto a las reivindicaciones obreras y populares ─como evidencian las recientes protestas masivas─, no es la hora de prestarnos para montajes ni maniobras de los enemigos de la paz para sabotear las negociaciones de La Habana por la vía del descrédito del gobierno. El anhelo de la mayoría del país porque cese la violencia es una exhortación a los adversarios de la paz a que depongan sus odios y su beligerancia, y debiera ser, mediante un pacto de civilización de la contienda política que comprometa a las banderías enfrentadas, una invitación a librar a Colombia de más derramamiento de sangre y padecimientos.
El próximo sábado 9 de abril el país democrático se volcará a la calle. Sólo la movilización del pueblo puede salvaguardar el proceso de negociaciones adelantado en La Habana. La democracia colombiana debe rodear y respaldar el histórico esfuerzo para remover del camino la violencia política, el más grande obstáculo al progreso y democratización de Colombia. Unámonos en torno al grandioso objetivo.
Partido del Trabajo de Colombia
Comité Ejecutivo Central
Integrante de la Tendencia Progresista en la Alianza Verde
Marcelo Torres
Secretario General
Bogotá, 6 de abril de 2016
