A raíz de la decisión del Consejo de Estado donde establece que el SISBEN no es obstáculo para acceder al Programa Ser Pilo Paga, ratifica que el Programa no es una estrategia de democratización, equidad y ampliación de ‘cobertura con calidad’ de la educación superior.
El programa no es democrático se basa en las pruebas Saber, indicadores no válidos para medir la capacidad académica ni las competencias académicas y con limitaciones técnicas y metodológicas. La financiación del programa profundiza la tendencia privatizadora, genera un tratamiento diferencial con la universidad pública y sus estudiantes, principalmente a las regionales acentuando el centralismo, con un esquema de costos ineficiente que no compromete aportes para su cofinanciación por parte de las universidades privadas.
No es equitativo, del total de alumnos beneficiarios del programa, el 85% de los jóvenes “pilos” durante 2015 se matricularon en universidades privadas, entre las cuales se distribuyeron buena parte de los $155.000 millones destinados para el programa y se aumentará a $374.000 millones el próximo año para atender las dos cohortes en ejecución.
No garantiza cobertura, con la inversión del programa se podrían financiar 30.000 estudiantes adicionales en las universidades públicas, el valor del programa para 40.000 estudiantes "pilos" equivale al total de las transferencias que la Nación hace a las universidades públicas en una vigencia: dinero con el que se financia la formación de más de medio millón de estudiantes. La inversión del programa no es proporcional, para del Estado para las universidades públicas es vía Icetex, y para las privadas es por transferencias de la Nación. El programa elevaría su impacto en la equidad si se exigiera a los más pilos ingresar a las universidades públicas, garantizando el derecho a la educación y robustecería la democracia y la movilidad social.
Edgar Ortiz -CONSEC