CARTA DE MARCELO TORRES A JUAN MANUEL SANTOS.

MARCELO TORRES BENAVIDES, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.138.415 expedida en Bogotá, en calidad de Alcalde del Municipio de Magangué, Bolívar, respetuosamente acudo ante su despacho con el objetivo de presentar SOLICITUD DE INTERVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL, en lo siguiente:

A raíz de las órdenes de captura del Gobierno nacional contra parientes y otras personas involucradas en los negocios del clan de la señora Enilce López y del inicio de los procesos de extinción de dominio de numerosos de sus bienes muebles e inmuebles, se desató en Magangué una verdadera oleada de invasiones u ocupaciones ilegales de predios, tanto públicos como privados, que a la fecha ascienden a veinticuatro.

La relación entre los dos hechos, a saber, las medidas antes mencionadas tomadas por el Gobierno nacional y la lluvia de ocupaciones ilegales de predios, resulta inevitable si se toma en cuenta que resulta muy extraña, primero, la secuencia casi inmediata entre los dos hechos, y segundo, la simultaneidad de las numerosas invasiones ilegales que se presentan, como la necesaria coordinación, organización y logística que conlleva la realización de tan numerosas invasiones de predios en un tiempo récord.

Cabe resaltar que en estas ocupaciones de predios ha saltado a la vista de la ciudadanía del municipio la diligencia con que, a la cabeza de varias de las mismas, imparten instrucciones individuos que se movilizan para ello en determinados vehículos de un lado a otro y cuya indumentaria y condición social es visiblemente distinta a las de las gentes que se han constituido en ocupantes de hecho de predios tanto públicos como privados.

Según todos los indicios, asistimos a una verdadera respuesta de una oscura mano criminal que pretende enfrentar de esta manera las acciones del Estado dirigidas a golpear de manera definitiva la base económica y organizativa de la acción delictiva tipificada como lavado de activos. En Magangué estaríamos, con estas invasiones de predios, frente a una acción concertada, o peor aún, ante un plan que pretendería demostrar con su movilización que la acción delincuencial organizada no puede perseguirse sino al costo de suscitar grandes disturbios y alteraciones del orden público.

No escapa a la comprensión tanto del Gobierno como del público en general, la consecuencia así generada: azuzar a gentes sencillas acuciadas por la necesidad e ignorantes de que se les manipula, para lanzarlas a acciones tan desesperadas como el desafío del Gobierno central y la confrontación directa con la Administración municipal.

No obstante lo anterior, así mismo informo a su despacho que esta grave situación de invasiones a predios ha sido llevada a cabo, en su gran mayoría, por familias y personas víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto armado (cuyo número asciende a más de 18.000), por damnificados de las ultimas olas invernales provenientes de zonas rurales, y por población en situación de pobreza extrema, tanto del campo como del área urbana, que no han encontrado solución a su más elemental necesidad vital, cual es un techo donde resguardarse, donde vivir, después de haber sido expulsados de sus lugares originales de asentamiento por la violencia, por las inundaciones del río Magdalena o por la absoluta precariedad de sus ingresos.

Es decir, que si bien pueden ser manipulados en pro de oscuros objetivos, también lo es que su necesidad y su satisfacción aluden a incuestionables obligaciones sociales del Estado.
Debo aclarar, para mayor comprensión del problema actual, que recibí el municipio descertificado en vivienda de interés social por los farragosos problemas legales derivados de la no terminación de dos urbanizaciones en administraciones anteriores y la poca colaboración del Ministerio de Vivienda para superarlos.

Además, que Magangué está en Ley 550; lo recibí con el 75% de sus ingresos propios y otros recursos del SGP afectados por el pago de la deuda derivada de un Acuerdo de Reestructuración de Pasivos que, aunque pude renegociar dicho porcentaje de pagos a un 60%, aún no permite al municipio acometer programas de vivienda de interés social.

También debo consignar aquí que la actual Administración municipal de Magangué gestionó con apremio ante el propio presidente Santos la terminación de 860 viviendas palafíticas, que ya fueron entregadas. Que radicamos la reclamación de un barrio entero del municipio, Belisario, ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por el subsidio de vivienda que habían dejado de recibir.

Que esta Administración gestionó ante el Fondo para la Adecuación al Cambio Climático las 1.400 viviendas para damnificados de la ola invernal, de las cuales ya se construyeron 560 en la urbanización Villa Juliana, en el área urbana de Magangué.

Sobre la actuación de la Administración ante las ocupaciones de predios en comento, debo consignar los siguientes actos y medidas:

1. Ante las querellas de los propietarios sobre la ocupación de los predios públicos, dictó los actos administrativos correspondientes y ofició a comandante de la Policía solicitándole acciones inmediatas para actuar en la recuperación de los predios de propiedad pública.

2. Ofició a Comandante de Policía de Bolívar solicitándole la presencia del ESMAD para actuar en la recuperación de los predios de propiedad pública.

3. Ofició a Personería, Bienestar Familiar, Comisaría de Familia, y Procuraduría solicitándole su acompañamiento en las acciones de recuperación de los predios públicos debido a la presencia de menores en las ocupaciones de los mismos.
 

4. Ofició a la Gobernación del Departamento de Bolívar solicitando respaldo a la Administración municipal de Magangué ante la emergencia presentada.

5. El pasado 19 de junio la Alcaldía convocó una reunión con los voceros de los ocupantes de predios y allí les planteó una propuesta de salida de la situación consistente en:

§ El compromiso de la Administración municipal de gestionar un plan de vivienda ante el Ministerio de Vivienda cuyos beneficiarios fuesen los ocupantes de predios.

§ La decisión de los ocupantes de predios de desalojar voluntariamente los predios ocupados.

6. Posteriormente, el domingo 22 de junio se dieron dos importantes hechos:

1) se firmó un acuerdo entre los ocupantes del predio ubicado en el antiguo Idema y la Administración municipal con base en el cual se produjo el desalojo voluntario de dicho predio por sus ocupantes; y

2) el desalojo llevado a cabo por el Esmad en el barrio Camilo Torres se llevó a cabo sin traumatismos que lamentar.
 

7. Sin embargo, esa misma noche, la muerte del ciudadano Ricardo Meza Acosta, de 35 años, en circunstancias hasta ahora no suficientemente aclaradas, generó una situación que desembocó en un conato de asonada porque un pequeño grupo propaló la información, no confirmada hasta hoy, de que, en el mencionado barrio Camilo Torres, el Esmad había dado muerte a un ocupante de un predio durante la operación de desalojo. Durante los disturbios ocurridos esa noche, grupos numerosos atacaron la sede de la Policía en el municipio y el domicilio del Alcalde.

8. Lo que resultó evidente con la difusión de semejante información, es que la minoría que difundió una noticia falsa pretendió sabotear el proceso de solución pacífica y negociada que empezó a tomar cuerpo con el acuerdo firmado en el predio del antiguo Idema.

9. A pesar de los hechos descritos, luego de lo narrado ocupantes de 4 predios más firmaron con la Alcaldía el acuerdo arriba indicado y desalojaron voluntariamente dichos predios. Pero la mayoría de los ocupantes ilegales de predios, y especialmente los de las más grandes, se negaron rotundamente a cualquier acuerdo mientras no se les empiece a solucionar de inmediato sus demandas de vivienda.

La administración Municipal ha programado para la presente semana las diligencias policivas para el desalojo de los ocupantes de hecho, a través de la Inspección de Policía. Mas debe tenerse muy en cuenta que en las ocupaciones de predios más numerosas, que son las que se niegan a cualquier acuerdo mientras no se satisfagan sus demandas de modo inmediato, algunos grupos se han apertrechado de bombas incendiarias, armas de fuego y machetes.

Amén de la presencia de mujeres y ancianos entre ellos, lo más preocupante es la de numerosos niños y otros menores de edad.
La Administración municipal no ignora que, de producirse el desalojo policial de tales predios, son muy altas las posibilidades de que tengan lugar sucesos que lamentar, inclusive en vidas tanto de ocupantes como de uniformados.

Con miras a evitar tal desenlace que podría tener imprevisibles repercusiones negativas, es mi criterio que el Gobierno nacional puede y debe realizar los esfuerzos necesarios para atender y dar satisfacción inmediata, así sea de manera parcial y transitoria, a las demandas de vivienda de los ocupantes de predios de manera que finalmente decidan voluntariamente desalojar los mismos. Sobre todo cuando Colombia asimila que el país acaba de pronunciarse, rotundamente, porque los colombianos dirimamos nuestras disensiones de manera civilizada y pacífica.

Con la relación anterior, quiere el suscrito Alcalde municipal poner en su conocimiento la grave situación de ORDEN PÚBLICO existente en Magangué, en su real dimensión, de desestabilización institucional, de reto al Gobierno Nacional y de ataque a la

Administración municipal, con el propósito de pedir su intervención en esta emergencia, por cuanto la misma supera las posibilidades y las competencias de la administración local, correspondiéndole al Gobierno nacional y a las entidades de ese mismo orden, atender y solucionar esta problemática.
En tal sentido reitero la petición de intervención y colaboración en esta situación.

De usted atentamente, su compatriota y amigo

MARCELO TORRES BENAVIDES