Los seres humanos solemos atribuir la responsabilidad a quienes menos se saben defender, hace parte de nuestra naturaleza. A raíz de la destitución e inhabilidad del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, uno de los centros de discusión son las excesivas facultades con que goza la Procuraduría, hasta el punto que puede destituir a servidores públicos de elección popular, algo que ante los ojos del Derecho y la comunidad internacional es poco comprensible. La mayoría de los actores relacionados con el proceso, como el gobierno, los congresistas, el Fiscal General de la Nación, los generadores de opinión, ciudadanos y académicos, han expresado la necesidad de modificar y limitar las funciones y facultades del ente de control, e incluso, la posibilidad de acabar con la Procuraduría General de la Nación.
Pero el centro de la discusión debe traspasar las fronteras de la ingeniería institucional y centrarse en algo más filosófico y con ello más complicado. Lo que ha desvelado esta discusión es que el problema, más que de la estructura institucional, es de seres humanos; es decir, es sobre quiénes están en la cabeza de esas instituciones, instituciones que, no tengo la menor duda, se pensaron con fines distintos a los que algunos de sus titulares han querido emprender. Abusando del poder, muchos de nuestros “dignatarios” han utilizado los vacíos normativos, los grises institucionales, la incapacidad de la justicia y una ciudadanía dormida, para alimentar sus intereses personales, e incluso, para darle rienda suelta a sus creencias religiosas e ideológicas desde las instituciones.
Si no se pone el énfasis en las cualidades de quienes estamos eligiendo para que ocupen esos cargos, nos pasaremos toda la vida haciendo reformas y ninguna servirá porque no faltará quien encuentre el hueco para abusar de su poder. Luego entonces el problema mayor no son las instituciones, son las personas, sin que ello quiera decir que el diseño y la estructura del Estado no sean fundamentales a la hora de controlar las desviaciones del poder.
Soy de los que piensa que las cosas no son buenas ni malas en sí mismas, pues los fines dependen de quien haga uso de ellas. Las cosas más tiernas y benévolas pueden ser utilizadas para hacer daño, así mismo, las cosas que proyectan la idea de ser dañinas pueden ser usadas para hacer bien.
Necesitamos funcionarios comprometidos con los valores y principios que inspiran a nuestra Constitución Política. Se echan de menos servidores que entiendan que la Constitución, pese a sus errores, tiene unos fines loables. Una sociedad no puede permitirse que altos cargos del Estado estén ocupados por personas que solo leen el artículo 42 de la carta y deducen que la familia es la que conforman un hombre y una mujer. No, quien ocupe un cargo público debe tener la capacidad de entender que la Constitución es un texto complejo e integral, inspirado en principios como la dignidad e igualdad, los cuales, sin duda, modifican la lectura que se pueda hacer de un artículo de forma aislada.
Ahora bien, se me preguntará ¿cómo se logra eso? Pues no tengo la repuesta precisa, pero vale la pena discutir al respecto. De alguna manera la misma Constitución vislumbró algo sobre el asunto en su artículo 41:
“En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución”
Resulta imperativo generar en los niños y niñas de nuestro país, un compromiso sobre los valores y principios que deben inspirar a una democracia. Para ello, es fundamental que en las instituciones educativas se viva la democracia, teniendo en cuenta que es medular darles más poder a los estudiantes dentro del gobierno de los colegios. Alguien decía algo como que los niños se educan 20 años antes de nacer.
Son proyectos a largo plazo que solo son posibles en tanto superemos uno de los males de nuestra sociedad: es que no nos define un futuro, somos muy cortoplacistas. Es necesaria una discusión profunda sobre el aporte del modelo educativo a la democracia. De lo contrario, no faltarán quienes siendo Presidentes compren al Congreso para reelegirse y este no los investigue; no faltará el Procurador que compre a las Cortes y al Congreso para que lo reelijan y se frenen las investigaciones en su contra.
La educación nos puede garantizar mejores personas, y la educación nos puede generar ciudadanos y ciudadanas más comprometidos con la democracia.
Por: Pedro Luis González Tapias.
