Por Marcelo Torres, Alcalde de Magangué.
ANTE LAS ILEGALES Y ORQUESTADAS OCUPACIONES DE PREDIOS
Una justa alarma ha cundido entre los magangueleños por las ocupaciones ilegales de predios en el área urbana. Desde comienzos de este mes, alrededor de quince han sido los terrenos invadidos, ubicados en los barrios Camilo Torres, Cristo Prado, Prado, San Martín, Samarkanda, José Antonio Galán, La Esmeralda, Dos de Noviembre, Nueva Venecia, El Trinche y los alrededores del Centro Administrativo Municipal (CAM). A semejante situación se le quiere dar la apariencia de una espontánea demanda de sectores populares por elementales reivindicaciones sociales, pero resulta inevitable establecer una relación entre los recientes actos y medidas de la justicia y el gobierno manifiestos en capturas de individuos y en el inicio de numerosos procesos de extinción de dominio y estas irregulares ocupaciones.
Pues resulta muy extraña la simultaneidad de las numerosas invasiones ilegales que se presentan, en las cuales salta a la vista de la ciudadanía la diligencia con que, a la cabeza de las mismas, imparten instrucciones individuos que se movilizan para ello en determinados vehículos de un lado a otro y cuya indumentaria y condición social es visiblemente distinta a las de las gentes que se han constituido en ocupantes de hecho de predios tanto públicos como privados.
De esclarecerse a fondo esta relación indicada, asistiríamos a una verdadera respuesta de una oscura mano criminal por identificar que pretende enfrentar de esta manera las acciones del Estado dirigidas a golpear de manera definitiva la base económica y organizativa de la acción delictiva calificada como lavado de activos.
Estaríamos, en estas invasiones de predios, frente a una acción concertada, o peor aún, ante un plan que pretendería demostrar con su movilización que la acción delincuencial organizada no puede perseguirse sino al costo de suscitar grandes disturbios y alteraciones del orden público. La consecuencia así generada, azuzar a gentes sencillas acuciadas por la necesidad e ignorantes de que se les manipula, para lanzarlas a acciones tan desesperadas como el desafío de las autoridades legítimamente constituidas, busca sumir al municipio en el caos y provocar condiciones para el derrumbamiento de esta Administración.
Como primera autoridad del Municipio, me corresponde advertir a la ciudadanía que podríamos estar frente a una celada, frente una trampa o emboscada ante la cual debemos evitar caer y proceder con resolución y firmeza pero sin ofuscamiento ni precipitación.
La perversidad de esta estrategia denunciada es que pretende contar con la anuencia de padres y familiares de la población infantil y adolescente de los ocupantes de predios, para utilizar la presencia de menores y aún de niños como escudo que paralice la legítima acción de las autoridades.
A esos compatriotas y coterráneos que han llevado a sus hijos y parientes menores de edad a los lugares que han invadido sin reflexionar en el innecesario riesgo a que los están exponiendo, los conmino de manera fraterna para que desistan de las ilegales iniciativas emprendidas y principalmente, para que no sometan a sus propios hijos y familiares menores de edad a una injustificable situación de riesgo.
Los niños y demás menores de edad presentes en estas invasiones de predios de nada tienen culpa y ciertamente son víctimas de la desigualdad social generada en nuestra sociedad nacional. Puedo refrendar mi compromiso para gestionar que a ellos lleguen los beneficios o los cobije prontamente los diferentes programas sociales del gobierno nacional para la niñez y a juventud. Pero reitero a sus padres y familiares que ninguna causa o reivindicación social justifica que se exponga un solo niño o adolescente al peligro o eventual circunstancia que pueda ocasionarles daño físico o espiritual.
Les digo a los hombres y mujeres adultos que participan de las ilegales ocupaciones de predios que comprendo sus necesidades y que comparto la justa aspiración de que sean satisfechas. Reitero mi disposición para gestionarlas con urgencia y apremio ante el Ministerio de Vivienda y otras dependencias oficiales, y para abogar ante las altas autoridades del Gobierno Nacional sobre el derecho que les asiste a tener una vivienda digna.
El Fondo para la Adaptación al Cambio Climático realiza en Magangué un programa de 1400 viviendas para damnificados de la ola invernal gestionado desde el año de 2012 por esta Administración. Ofrezco el mandato que me concedió el pueblo de Magangué para acompañarlos en las negociaciones y reclamaciones en pro de su interés a que haya lugar dentro de la ley. Pero les prevengo para que no sean pasto de tenebrosos intereses ni instrumento inconsciente de los mismos para enfrentar la legítima acción del gobierno nacional o municipal.
He ordenado a la fuerza pública del municipio la acción necesaria, con estricta sujeción a la ley, para recuperar los edificios y predios públicos y privados ilegalmente invadidos, y oficiado al Comando de la Policía del Departamento demandando apoyo en el mismo sentido.
Sobre todo, he oficiado a la Personería Municipal, al Bienestar Familiar, a la Comisaría de Familia y a la Procuraduría para que acompañen la acción de las autoridades y de la fuerza pública, habida cuenta de la necesidad de proteger la vida y la integridad de los niños y otros menores que han sido llevados por sus padres o parientes a los lugares de la ilegal ocupación.
Estamos cumpliendo con nuestro deber de informar completa y oportunamente a la ciudadanía sobre el estado de cosas que afrontamos, y de tomar las medidas acordes con lo que exige la situación.
Demando de los magangueleños el respaldo a su Administración y espero de los ocupantes de predios que finalmente prevalezcan la cordura y el buen juicio, que sigan defendiendo sus derechos pero dentro de la ley; que asimilemos todos que el país acaba de pronunciarse, rotundamente, porque los colombianos dirimamos nuestras disensiones de manera civilizada y pacífica. Que no llevemos más agua al molino de las fuerzas oscuras, así estas presenten sus acciones con el antifaz de una movilización popular.
