ABAJO LA NEOLIBERAL POLITICA EDUCATIVA DEL GAVIRISMO

Pascual Amézquita Zárate

En este capitulo...
El significado de la privatización.
Reforma académica y investigación nacional al servicio de la apertura económica.
El plan: mas participación, menos democracia.
El plan de apertura educativa convertido en constitución.
El M-19 fracasa como abogado del plan de apertura educativa entre los estudiantes.
Las urgentes tareas de las representaciones y organizaciones estudiantiles.

El pasado 6 de mayo el nuevo rector de la UN emitió una carta en la que traza en línea gruesa el camino a seguir en vitales asuntos para el alma matter. El contenido de sus apreciaciones es de innegable trascendencia, no solo para la UN sino para el conjunto de la educación pública superior, pues se trata de inscribir a la universidad, por conducto del PLAN DE APERTURA EDUCATIVA en la antinacional política de apertura económica puesta en ejecución por los partidos de la coalición gobernante. En nombre de la eficiencia y de la rentabilidad someten al país a inmisericordes medidas antiinflacionarias, ponen en subasta importantes empresas públicas y con ellas el patrimonio de la nación y su soberanía.

EL SIGNIFICADO DE PRIVATIZACION

O es asunto de semántica o de sindéresis o de demagogia o quizá un juicio sintético a priori...pero muy a priori. Lo cierto es que no se puede argumentar en favor de la consolidación de la universidad pública que quienes "no puedan pagar (su ingreso a la universidad) no pagarán o tendrán acceso a un sistema de préstamos condonables... (...)... o que si un estudiante que puede pagar contribuye a cubrir los costos de su formación en una institución como la nuestra ello (no) significa privatizar la universidad".

Si hemos de atenernos al PLAN los aspirantes que no tengan recursos no estudiarán porque "en un plazo de diez años el monto total de las matrículas estudiantiles pasará a financiar por lo menos una tercera parte de los costos de operación de la universidad pública". (Subrayados nuestros).

Dicho sin ambigÜedades, serán estudiantes de la universidad aquellos aspirantes que examinada y sumada su capacidad económica puedan contribuir en un 33.33% con el funcionamiento de la universidad. Con ello el ingreso a la misma dependerá cada vez más de la capacidad económica y menos de la aptitud académica. Incoherencia mayúscula con el propósito rectoral que en la mencionada misiva señala "la democratización de la universidad no se puede obtener reduciendo las exigencias académicas".

Pero si lo anterior deja dudas, ventilemos el otro asunto: El sistema de préstamos condonables. "Con la decidida participación de la banca oficial se diseñarán líneas de crédito para financiar costos académicos y de sostenimiento a estudiantes universitarios pertenecientes a familias de bajos ingresos. De otra parte, con el fin de fortalecer las finanzas de la universidad pública, y a medida que se expanda el crédito educativo, se iniciará un proceso de acercamiento de las matrículas y demás derechos académicos de los nuevos estudiantes a sus costos reales" (subrayados nuestros).

Lo dicho: Podrán estudiar quienes acompañen con el formulario de inscripción la bolsa o aquellos (los de bajos ingresos) que se sometan a los tortuosos trámites y aprueben el examen de ... los banqueros. Porque aunque parezca normal en el mundo financiero el respaldo de solventes fiadores para otorgar préstamos, es evidente que este requisito es un obstáculo insalvable para los aspirantes a estudiantes. Quienes viviendo en las difíciles circunstancias económicas (que no son los menos) y muy seguramente en apartadas regiones, han reunido la suma requerida para la inscripción y el desplazamiento a la seccional más cercana y superado con éxito las pruebas académicas, al final del laberinto el solo voto y veto de un funcionario de la banca define el porvenir de parte sustancial de la inteligencia juvenil de la nación.

Los fiadores escacearán, sobre todo cuando se les cuente que la deuda es endosable a "...una sociedad financiera debidamente establecida o cualquier otra entidad", eufemismo para los comúnmente conocidos "chepitos". Se ahuyentarán aún más cuando conozcan que el monto del préstamo será para pagar una matrícula de cuantía similar a la de una universidad privada. Esto suponiendo que todo aspirante tiene a mano un par de padrinos. Menos mal que el rector no comparte "...la visión de quienes creen que el Estado debe entregar el desarrollo de las instituciones de educación pública a la dinámica del mercado".

El Estado no solo se descarga de la financiación de la educación y de su deber de hacer este tipo de inversión social que es garante del desarrollo soberano de los países, sino que de paso recauda dos veces para cubrir el mismo rubro, si tenemos en cuenta la mar de impuestos que padece la población.

Pero la profundización del proceso de privatización no se detiene al asumir el estudiante los "costos reales" de las matrículas. El bienestar universitario, al decir del rector, se orientará a debilitar "...la frontera entre lo curricular y lo extracurricular (e) integrar a la comunidad los llamados ?estamentos? que conforman la universidad...". Está muy bien. Ojalá la principal casa de estudios del país sea a su vez el escenario de la más intensa actividad cultural. Pero el aspecto material del bienestar, ?qué? Sospechosa y bastante económica para el Estado resulta esa intencional separación entre materia y espíritu. Todo ser humano requiere alimentarse, tener un sitio donde estudiar y dormir y un adecuado servicio de salud. Desafortunadamente quienes se dedican al estudio no pueden prescindir de ello.

Si el Estado y el país desean crear su comunidad académica y profesional con base en sus jóvenes eminentes, independientemente de los pocos recursos que estos posean y de su lugar de origen, debe asumir el costo de la inversión. De lo contrario, no solo se excluirá aquellos que siendo capaces no cuentan con la posibilidad económica sino que el carácter nacional de la universidad desaparece porque el otro requisito de ingreso o de permanencia será (como ya está ocurriendo) vivir en Bogotá o sus alrededores o alternar sus estudios con un empleo que le proporcione ingresos afectando así el nivel de preparación académica.

Que no se nos diga que este tipo de inversión es paternalismo, despilfarro o que esta puja contra el infortunio y la mezquindad es el ingrediente fundamental para obtener la idoneidad. El hecho de que entre la demagogia belisarista y la irresponsabilidad de los grupos armados se hayan alzado con residencias y restaurante hace más de un lustro no significa, en modo alguno, ni resignación a perder la apreciada conquista ni la invalidez de los argumentos que hoy exponemos.

REFORMA ACADEMICA E INVESTIGACION NACIONAL AL SERVICIO DE LA APERTURA ECONOMICA.

Bajo la administración del rector Ricardo Mosquera y el entonces vicerrector doctor Antanas Mockus, se adelantó una propuesta de reforma académica y curricular como también una de política de investigación que consideramos seria y con la cual expresamos tener importantes coincidencias. Siempre manifestamos dos objeciones: Que los recursos necesarios fuesen desembolsados por la comunidad universitaria y que se adelantara sin la participación democrática y decisoria de estudiantes y profesores, a quienes se les reservó el vacuo papel de "legitimar" la reforma, barbarismo empleado para ocultar la antidemocracia.

Según el decreto 131 de enero de 1991 "la aprobación por el Icfes de nuevos programas académicos en la UN que impliquen costos adicionales en el presupuesto, requerirán de concepto previo y favorable de la Dirección Nacional de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la disponibilidad de recursos para financiar dicho programa". Con razón afirmaban sobre esto las representantes estudiantiles de Enfermería "...el gobierno reitera que es la situación financiera la que determina la posibilidad de desarrollar la academia, con lo cual se condena al estancamiento el avance científico de la misma, si hemos de atenernos a la actual política económica ejercida desde el Ministerio de Hacienda contra la inflación, basada en un mayor recorte del presupuesto para sectores como educación y salud en 1991".

El rector de la Universidad de Caldas fue uno de los primeros notificados en ese sentido al solicitar dineros para el funcionamiento de la institución y lograr así el levantamiento de un paro de los tres estamentos en meses pasados. Una funcionaria de Planeación Nacional le recordó que de acuerdo al PLAN "...los programas de inversión que vaya a realizar la universidad en 1992, deberán ser cubiertos con los recursos propios que se generen al interior de cada entidad".

Así que al igual que a los estudiantes de provincia, el Estado conmina a las universidades públicas a rebuscarse su sustento, con el agravante que estas deben desviar atención y recursos de los contenidos académicos y de la investigación que requiere el desarrollo del país para dedicarlos a aquellas ofertas que les representen algunos emolumentos en los términos que el contratante a bien tenga. No es que descartemos que la universidad establezca convenios. De lo que se trata es que la penuria a la que la compele el Estado afecta su autonomía e independencia y termina por convertirla en un centro de investigaciones a destajo. Por eso causan preocupación las declaraciones del entonces recién posesionado doctor Antanas Mockus al Noticiero T.V.-Hoy cuando dijo que pondría en armonía la Universidad con los planes de apertura económica del gobierno.

No menos ansiedad produjo su apreciación de que "se facilitará radicalmente la gestión de la investigación mediante las nuevas posibilidades de intercambio, asociación y contratación abiertas por los decretos reglamentarios de la ley de ciencia y tecnología".

Estos decretos se basan en la ausencia de autonomía y capacidad decisoria de los sectores sociales a quienes compete el desarrollo de una política nacional de ciencia y tecnología. Basta con señalar que la legislación en la cual finca sus esperanzas el rector crea un consejo nacional de ciencia y tecnología integrado por doce miembros permanentes nombrados en su totalidad por el presidente de la república y bajo su dirección o la del jefe de planeación nacional.

El Presidente, debido al carácter asesor y no decisorio del consejo (art. 8 núm. 1), es quien se arroga el control de todas las funciones sobre la materia, tales como "aprobar las políticas, estrategias, planes de mediano y largo plazo y desarrollar...la consolidación de las comunidades científicas, información científica y tecnológica, comunicación y difusión, planeación y prospectiva, regionalización, estímulos a los investigadores y apoyo al desarrollo institucional" (art. 8 núm. 3) o, "aprobar las políticas y mecanismos de cooperación con otros países y organismos internacionales..." (art. 8 núm. 4) o, "crear nuevos programas nacionales de ciencia..." (art. 8 núm. 5), etc.

Pero el aspecto que reviste mayor gravedad es el severo revés que sufre la ya frágil libertad de investigación e cirá o proscribirá en esta materia es el César. Por supuesto la decisión que se adopte nada tiene que ver con el interés y el desarrollo nacionales, pues los fondos para investigación y capacitación de docentes provienen de "...los nuevos recursos proporcionados por el convenio COLCIENCIAS-BID, firmado en diciembre pasado".

Aunque el anterior rector de la UN hable cínica o candorosamente de que hemos de "aprovechar" tales dineros, lo cierto es que las todopoderosas agencias prestamistas no acostumbran uántos profesores se capacitarán, en qué áreas del conocimiento y con qué profundidad.

No se augura un gran desarrollo de la investigación al servicio del desarrollo nacional en manos de un gobierno cuyo jefe de estado declara que así el país se paralice nos ajustaremos a las reglas del juego internacional (en buen romance, a las sugerencias del FMI y el BM. O un Min Hacienda que públicamente declara preferir importar técnicos de alta calidad antes que invertir en su formación. O un Departamento Nacional de Planeación que le aplica la eutanasia a la educación pública al redactar el PLAN y una entidad que como COLCIENCIAS exige en la nueva reglamentación de "fomento" a la investigación que las universidades aporten una contrapartida en dinero efectivo para firmar los contratos desconociendo el recurso humano y la infraestructura de estas como aporte principal y el obvio hecho de que precisamente lo que menos tienen es suficiencia presupuestal. ?Vaya bufonada!

He aquí el óbolo de los cuatro principales integrantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

El rector de la UN, otro miembro del Consejo, en su afán de ingresar a ésta con méritos, no solo se ha convertido en el ejecutor de la política de la banca mundial en cuanto a las alzas de matrículas se refiere sino que terminó por desdibujar sus aportes para una reforma académica y curricular y comprometerse a armonizarla con los planes de apertura económica del gobierno, según lo declaró al Noticiero TV-Hoy recién asumió.

Siempre hemos impulsado una reforma académica y curricular que le restituya la función social productiva a la universidad y le permita contribuir en el mejorestar de la población. Sin embargo, el camino para lograrlo es incorporando lo más avanzado del conocimiento científico. Precisamente por ello, su elaboración debe ser autónoma, definida por estudiantes y profesores, libre de condicionamientos externos que veden determinadas áreas del conocimiento o limiten la profundidad en las mismas. Un país no puede renunciar a la formación de la masa de profesionales o a la investigación que requiere para desarrollar vitales actividades de la sociedad o dejarlo a voluntad del sector privado nacional o extranjero. Hacerlo significa no solo renunciar al progreso sino a la soberanía nacional en el campo de la educación, la ciencia y la cultura.

Es por todo esto que la universidad pública -con una adecuada financiación para la docencia y la investigación- es un patrimonio nacional que hay que defender a toda costa. Es esa la invitación que hacemos a todos los estamentos, a los consejos y representaciones estudiantiles y, por supuesto, a las organizaciones políticas, educativas y culturales.

EL PLAN: MAS PARTICIPACION, MENOS DEMOCRACIA

Durante los últimos 30 años el Estado y el movimiento estudiantil colombiano han tenido una contradicción clave: el primero pugna por controlar el contenido de la enseñanza y descargar sobre la comunidad educativa los costos de la misma. El segundo, ha tenido como inequívoco criterio que sea el Estado quien se responsabilice de financiar adecuadamente la educación mientras que los profesores, estudiantes y especialistas deben definir el rumbo académico de los claustros. Es la garantía del desarrollo y de la soberanía nacional en el campo del conocimiento y la cultura. Por esta razón es propuesta del PLAN y de la rectoría debilitar la democracia universitaria y fortalecer el manejo del Estado sobre un asunto vital para la sociedad como lo es la educación.

Para lograrlo se propone demostrar que la democracia participativa es lo más avanzado. Sin embargo es precisamente lo contrario, profundamente antidemocrática. Sencillamente porque en ella todos participan, "legitiman", pero solo unos pocos deciden, en este caso las directivas, el gobierno y la banca. Tres recientes ejemplos: La reunión de representantes estudiantiles convocados por la rectoría de la Universidad Nacional durante el último cierre, la reciente alza de matrículas y la reforma académica.

En la primera, el rector solicitó la opinión de los asistentes sobre los violentos hechos ocurridos el pasado 16 de mayo y la redacción de un manual de convivencia o reglamento estudiantil. Sin embargo, en los días siguientes, sin haber definido la reapertura, impuso un calendarios de "reflexión", al igual que los temas, para ser discutidos en la época de evaluaciones finales. A la vez que se reservaba el derecho de redactarlo en vacaciones sobre la base de los "diagnósticos" emitidos.

En la segunda el doctor Antanas Mockus citó a los estudiantes en los últimos días del semestre pasado, cuando la universidad estaba prácticamente vacía y, después de someterlos a una engarbullada exposición a dúo con una alumna suya, procedió a indagarles su punto de vista acerca del alza de matriculas. Sin embargo, en ese mismo momento, varios consejos de facultad votaban la propuesta no sin antes intentar aturdir a las representaciones estudiantiles para que sufragaran contrariamente a los intereses de quienes los han elegido o siquiera se abstuvieran para poder así anunciar que la decisión había sido tomada por consenso. Pese al obligado retiro del rector del auditorio ante la creciente exigencia de no formular las alzas, estas se concretaron en los acuerdos Nos. 46 y 47, Acta No. 12 del 19 de junio y la resolución No. 730 de julio 15 de 1991.

En cuanto a la reforma academica y curricular, según él los docentes y estudiantes deben participar sin carácter decisorio en el delineamiento de los programas curriculares pese a que son los involucrados en su ejecución porque "legitiman" el proceso.

Que fuesen los docentes y estudiantes junto con los especialistas quienes determinaran el rumbo académico de la universidad, constituiría un poderoso dique contra el propósito, o mejor, despropósito gubernamental de "armonizar" la universidad con la apertura económica. De lo que se trata es de centralizar en manos del Presidente asuntos claves con las consecuencias ya explicadas. Tal es la dirección de la investigación nacional con los decretos de ciencia y tecnología y parece ser la de la anunciada reforma a la universidad de no generalizarse una protesta de docentes y estudiantes.

He aquí el funesto papel de la democracia participativa en vitales asuntos de las universidades, tales como el contenido de la academia, la libertad de investigacion, la financiación del la universidad y el ejercicio de los derechos democráticos.

Como es de esperar, la esencia de este engendro de los politólogos uniandinos es rápidamente captada por cualquier mortal que en efecto practique la democracia. Por esa razón y con el objeto de atravesar un palo en la rueda de la protesta, han caído con otro término: EL consenso.

Según este concepto,"la democratización...empieza por crear nuevas reglas de juego en la política estudiantil... adoptadas por consenso...cuya medida crítica sea la misión propia de la universidad". ?Cómo pudiera haber unanimidad de criterios con quienes rubricaron el pasado 6 de julio tan regresiva Constitución en todos los órdenes, incluida la educación y ejecutan la apertura educativa o pretenden "pasar agachado(s)" ante ella?

Pero además la pretendida lógica conclusión supone que cuando no hay consenso, por ejemplo para la protesta, esta no es legítima y de paso facilitan que las instancias gubernamentales sean las que decidan. Por esa razón descalifican o subestiman la necesidad de construir y fortalecer las representaciones estudiantiles democráticamente elegidas. Es decir, se oponen a que los estudiantes tengan un poderoso factor de dirección que le permita en forma organizada defender sus intereses, que no lo asalten, como hoy día, entre la democracia participativa y el alza de matriculas. Por supuesto que estamos de acuerdo en "...cambiar las costumbres anticuadas del activismo (chantaje moral, intimidación ...etc.) por unas reglas del juego civilizadas". Pero en primer lugar que cambien quienes las han utilizado, quienes gracias a su ejercicio hoy gozan de los favores del Estado sin beneficio alguno para los desposeídos que decían defender.

En segundo lugar que no le exijan a las fuerzas políticas y a los estudiantes obtener democracia sobre la base de avalar sus actos de gobierno y de compartir su concepción sobre la "misión" de la universidad. Dejen la marrulla. Dejen el, ese sí, chantaje moral, al señalarle a los estudiantes que la ética es directamente proporcional a la matricula que paguen.

Desde luego que si la fraseología propia de la democracia participativa "legitimación", "consenso" y "moralidad" no surten el efecto esperado y la comunidad se percata del significado del "revolcón" educativo, entonces dictaminan los directivos que "realizaremos lo que este a nuestro alcance para asegurar un tratamiento disciplinario, policial y jurídico que salvaguarde la integridad...".

Nos oponemos a los actos aislados de las masas, promovidos por minorías irresponsables. Precisamente por eso reiteramos nuestra defensa de la organización estudiantil. Pero mucho nos tememos que propósito del preaviso es contener la indignación generalizada que hoy se advierte. Porque parodiando al rector, se diría que en el marco del neoliberalismo cualquier antidemocracia es posible. Y en efecto, así lo advierten Friedrich Hayek y Karl Popper: "La tarea del gobierno es un sistema dentro del cual los individuos y los grupos puedan exitosamente ir en pos de sus objetivos respectivos y algunas veces usar sus poderes coercitivos para aumentar la recaudación que les permita proporcionar servicios que, por una u otra razón, el mercado no pueda ofrecer". Más claro...

EL PLAN DE APERTURA EDUCATIVA CONVERTIDO EN CONSTITUCION

Exactamente dos meses después de que el rector de la UN emitía su comunicado el secretario de la ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE rubricó la nueva Constitución elaborada por los partidos de la coalición gobernante, elevando con ello a la categoría de ley de leyes el asalto a la soberanía nacional (art. 150 núm. 16), la adopción del modelo neo-liberal como el de la nación (art. 333), el carácter fiscalista del Estado (art. transitorio 43), el regreso al capitalismo salvaje en las relaciones laborales (art. 348) y entregando poderes dictatoriales al presidente de la república (art. Transitorio 20).

En materia educativa el articulado de la Constitución nacional resume la relación entre la apertura económica y el PLAN DE APERTURA EDUCATIVA con las características y manifestaciones aquí anotadas sobre este.

El carácter no autónomo y antinacional del par de aperturas permite ser observado en la convocatoria hecha por la UNESCO a fines de abril en Quito a "los gobiernos de 29 países de latinoamérica y el caribe (que) debieron suscribir ayer un documento que proclama la modificación global de las prácticas pedagógicas, los contenidos de la enseñanza y los estilos de gestión y administración educativas. Para conseguirlo, pedirán apoyo económico financiero internacional". (subrayamos). Todo con la desinteresada asesoría de la U. de Harvard. Por supuesto se invocará que el asunto es lícito porque así se contempla en los arts. 150, núm. 16 y 227 de la nueva Carta. Lícito pero no soberano.

Y como la recomendación de la banca internacional es la reducción del gasto público del Estado, ha quedado consagrado que este se desembaraza de la obligación de educar a la población.

Se consignó su condición obligatoria entre los cinco y los quince años de edad, pero se eliminó el carácter gratuito como también la obligación del Estado de asignar un porcentaje fijo a la educación pública como estaba estipulado en la anterior constitución, todo lo cual significa un evidente retroceso.

De igual manera, la gratuidad de la educación pública se refunde al establecer que "la educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos." (art. 67, ). Y ya sabemos que según el BM, el DNP, el COMPES y el rector de la UN la mayoría de los aspirantes a estudiar resultaran solventes.

En ese orden de ideas quedan claros los términos en que "...la sociedad y la familia son responsables de la educación." (art. 67). Mientras tanto el Estado solo tiene el deber de "...promover y fomentar el acceso a la cultura" (art. 70, ) o que "...fortalecerá la investigación científica" o, "...facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso... a la educación superior" (art. 69) o, "...creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología" (art. 71. Todos son subrayados nuestros).

Incentivo puede ser una medallita, como ha ocurrido con los maestros que destaca el gobierno anualmente. Promover, fomentar, fortalecer, facilitar, crear e incentivar, son términos neutros y ambiguos empleados en la redacción de la nueva Constitución para crear sensación de dinamismo y compromiso estatal con la educación, pero nada de obligarse a su financiación, salvo el caso de "la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o capacidades excepcionales" (art. 68). Es decir, en últimas, el Estado solo asume la financiación de la educación de una reducida capa de la población.

Quienes redactaron y aprobaron este articulado alegan que los dineros estatales se garantizan con "los recursos del situado fiscal (que) se destinarán a financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y media, y la salud, en los niveles que la ley señale..." (art. 356). De entrada se infiere que la universidad pública queda excluida de los supuestos beneficios del artículo, refrendando constitucionalmente su privatización.

Supuestos además, pues la cesión de los ingresos y los traslados de la nación a las entidades territoriales dependerá de los plazos fijados por la ley, que además impondrá o "establecerá las condiciones en cada departamento" para que el desembolso se efectúe, "teniendo en cuenta, además, el esfuerzo fiscal ponderado y la eficiencia administrativa de la respectiva entidad". Después de esta carrera de trámites y condiciones con obstáculos es de prever que los fantásticos aportes serán exactamente eso, y a cuenta gotas.

Si lo anterior no resultara suficiente, el Estado se reserva el derecho de alterar las reglas del juego cada vez que la conveniencia se lo indique, pues "cada cinco años la ley, a iniciativa de los miembros del congreso, podrá revisar estos porcentajes de la distribución".

La forma como está concebida la relación entre nación y entidades territoriales en la Constitución compele a las segundas a asumir la responsabilidad de los servicios y a exonerar a la primera de ella, ya sea por la insuficiencia de los recursos o porque lo prometido no se gire haciendo uso de cualquier inciso o parágrafo de la ley que reglamente el sinfín de requisitos y condiciones.

Como es confesa la dificultad de las regiones para correr con el costo de la salud y de la educación, el mismo artículo prescribe la fórmula "la ley... podrá autorizar a los municipios para prestarlos en forma individual o asociada". ?Asociada con quién? ?Con el sector privado como lo recomienda el PLAN DE APERTURA EDUCATIVA "para la creación del año 0 y la ampliación de la secundaria" y en general para "...la implantación de las acciones básicas de este programa"?

Municipalización y privatización exoneran a la Nación y al Estado de su responsabilidad financiera de la educación e incorpora estos servicios a la neo-liberal ley del mercado, es decir, municipio y estudiante que tenga los recursos podrá acceder a ella, de lo contrario, su insolvencia será calificada de ineficiencia y paternalismo, y este delito, bajo el dogma neo-liberal, se condena con el exilio a la siberia de la ignorancia.

Finalmente, la Constitución "...garantiza la autonomía universitaria (y) las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley" (art. 69).

Es necesario hacer dos precisiones al respecto. La primera, hemos ilustrado ya la importancia de la autonomía universitaria para el desarrollo nacional, pero también que esta no es posible si las universidades no cuentan con la financiación del Estado y no pueden determinar su politica académica y de investigación. El PLAN DE APERTURA EDUCATIVA y los decretos de ciencia y tecnología van en contravía de una auténtica autonomía. En este sentido, la elección de las directivas sin poder decisorio no pasa de ser una mera autonomía formal.

La segunda, la nueva Carta es clara en que los términos de la autonomía serán fijados po ellos llaman "el nuevo país". ?Qué tal la novedad?

EL M-19 FRACASA COMO ABOGADO DEL PLAN DE APERTURA EDUCATIVA ENTRE LOS ESTUDIANTES

En forma sigilosa el gobierno, por medio del ICFES, convocó en Bogotá una reunión de representantes estudiantiles a los consejos superiores y académicos de las instituciones públicas y privadas de educación superior en agosto pasado. La cita tenía el supuesto objetivo de escuchar las opiniones de las representaciones sobre la elaboración de l a ser suscrita por los representantes estudiantiles, quedando evidente el doble propósito del gobierno y del M-19: Obtener el respaldo a la política educativa de Gaviria por las representaciones y hacer reconocer a la mesa directiva del encuentro como interlocutora válida de los estudiantes frente al gobierno. Favores mutuos.

La contundencia de la mayoría de intervenciones del auditorio en contra del PLAN obligó a que los organizadores guardaran la declaración de apoyo a la política oficial. A renglón seguido y en vista de que el encuentro de representantes no era tal, varios dirigentes estudiantiles promovieron una reunión dentro del evento. Esta se efectuó en la noche del viernes dos y aprobó la redacción de un documento que rechazara el PLAN DE APERTURA EDUCATIVA y fijara las correspondientes tareas al movimiento estudiantil. La declaración fue suscrita por la inmensa mayoría de los representantes en la mañana del tres de agosto. En la tarde el M-19 presentó una carta cuyo contenido matizaba el ataque al PLAN DE APERTURA EDUCATIVA y que obtuvo el respaldo de una decena de estudiantes, la mayoría no representantes.

Sin embargo su intensión era compeler a la posición mayoritaria en nombre de la unidad y el consenso a elaborar un documento unificado aprobado por el encuentro, en el suave tono en el que habían redactado su misiva y que no contrariara al gobierno. Después de una agria discusión y para demostrar que no se trataba de opiniones sustentadas por la obstinación, se aceptó constituir una comisión paritaria que fusionara las declaraciones. Como es obvio, tal propósito no se cumplió, pues los tres delegados del M-19 persistieron en la defensa del PLAN DE APERTURA EDUCATIVA con la misma intensidad y fidelidad con que el recién llegado dirigente de ellos en la UN, señor DANIEL MERA lo había hecho minutos atrás ante el auditorio. Sin embargo, mientras sesionaba la comisión, las representaciones estudiantiles reafirmaron su apoyo a la declaración mayoritaria y, en este punto, el encuentro se disolvió.

Como se infiere de lo anterior, el balance es positivo para los intereses de los estudiantes. En primer lugar, el gobierno no obtuvo el respaldo esperado -quizá prometido por el M-19- y esta organización no logró convertirse en vocero "legítimo" de los estudiantes ante el gobierno. Por el contrario, la política oficial fue rechazada en el evento más representativo -por la calidad de los asistente, no por los convocantes- realizado en los últimos años. Aunque no fue posible constituir una dirección nacional provisional que asumiera el impulso a alas tareas propuestas en el documento mayoritario, las mismas pueden ser animadas por quienes la acordaron.

El M-19 insistirá, en su calidad de comité organizador del evento y red de información de las conclusiones, en arrogarse la vocería de los estudiantes colombianos, sobre todo cuando llegue el momento de defender la reforma universitaria propuesta por los partidos de la coalición gobernante, tal como lo anunciaron: "Nos gusta el nuevo texto constitucional en materia educativa, pero puede quedar en letra muerta si no participamos para hacerlo efectivo".

En segundo lugar quedó en evidencia el carácter del M-19 como partido de gobierno y, en calidad de tal, impulsor del neo-liberalismo y de las recomendaciones de la banca internacional, con la ventaja que le da su imagen, solo imagen, de movimiento popular.

En tercer lugar, los organizadores pagaron el costo de subestimar la independencia y la comprensión que sobre la situación del país y el sector educativo demostró la inmensa mayoría de las representaciones. También fracasaron al creer que ante la ausencia de una organización nacional de los estudiantes estos correrían con los brazos abiertos para reconocer la advenediza nómina del gobierno en el movimiento estudiantil como su dirección. Tanto embuste han dicho que han terminado por creérselo.

LAS URGENTES TAREAS DE LAS REPRESENTACIONES Y ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES

La política económica y educativa del gobierno empezó a cristalizarse en el conjunto de la universidad, especialmente la pública. La no obligación financiera de la educación por parte del Estado legalizada por la Constitución y la autonomía universitaria reducida a la elección de directivos sin poder decisorio, compromete la existencia misma de la universidad y deja sin resolver la imperiosa necesidad que del conocimiento requiere un país para alcanzar el bienestar de su población y la soberanía de su nación.

El antinacional silogismo de que es mas barato para el Estado importar conocimientos y técnicos de alto nivel que invertir en ellos, trata de justificar el abandono de la universidad a las leyes del libre mercado y su poca preocupación por la educación primaria y secundaria. Las fuerzas progresistas debemos insistir en una reforma académica y curricular que incorpore lo más avanzado del conocimiento pues estamos convencidos de que por medio de la ciencia hay que restituirle la función social productiva a la universidad y su contribución en el mejorestar de las gentes. También creemos firmemente que es la universidad pública, con adecuada financiación estatal para la docencia y la investigación, el escenario más adecuado para alcanzar este propósito.

Es por estas razones que invitamos a los consejos y a los representantes estudiantiles a los órganos de gobierno a convertirse en factor de dirección en la contienda por la defensa de la educación pública. Es hora de que los sectores organizados y representativos de los estudiantes se convoquen a sí mismos para dirigir y coordinar al movimiento estudiantil y poner tatequieto al gobierno, el rector de la UN, el ICFES o la AD M-19, quienes -aprovechando su papel de instituciones oficiales o de partido de gobierno- han citado a las representaciones estudiantiles con el expreso objetivo de que avalen su política económica y educativa y los faculten para proceder a nombre de los estudiantes de toda Colombia, calcando el modus operandi utilizado para la convocatoria de la Constituyente. Otro ejemplo de la democracia participativa.

En este orden de ideas creemos indispensable, en primer lugar, adelantar en todos los colegios y universidades del país actividades de ilustración y estudio de la política educativa gubernamental y su relación con la Apertura Económica, con el propósito de que los estudiantes desentrañen, en toda su dimensión, el significado de la misma.

En segundo lugar, es preciso profundizar en una etapa organizativa que incluya, entre otras labores, emitir una declaración pública de las organizaciones y representaciones estudiantiles sobre el PLAN DE APERTURA EDUCATIVA que contribuya a precisar su carácter y a unificar el lenguaje de la inmensa mayoría de la comunidad educativa ante la opinión pública.

Pero ante todo, el esfuerzo organizativo debe insistir en convertir las representaciones y consejos estudiantiles en factor de dirección. Hay que impulsar que se reúnan en cada institución educativa, ciudad o región y que adopten y coordinen un plan de acción.

La materialización de esta tarea aportaría además una base de apoyo para extender el proceso organizativo conformando los consejos estudiantiles. Exigiendo además a las directivas la convocatoria a elecciones de representantes estudiantiles a órganos de gobierno en los centros educativos donde aún no se han realizado.

Este proceso facilitaría la realización de un encuentro nacional de estudiantes con delegaciones representativas y elegidas democráticamente cuya agenda incluya el análisis de las implicaciones de la apertura económica en la educación y en la investigación nacional en ciencia y tecnología, precise los criterios para una reforma democrática y científica de la universidad -asunto que cobra vigencia y urge debido a que ya prácticamente está elaborada la propuesta gubernamental- y nombre una dirección que la represente ante las instituciones del Estado y este facultada para coordinar esfuerzos con las organizaciones sindicales del magisterio y el conjunto del movimiento obrero.

Si no organizamos el movimiento estudiantil a todo nivel al rededor de la defensa de los intereses de la nación en el campo de la educación, la ciencia y la cultura, asistiremos al desmoronamiento de la universidad pública y a la renuncia al conocimiento más avanzado y sin este cualquier pueblo se encuentra expósito al atraso y al dominio por parte de las potencias que se lo han apropiado.

No cualquier cosa ha sido puesta en subasta y bien sabemos cómo alrededor del negocio pululan calanchines de todos los colores, azules, blancos, rojos o todos juntos en una sola bandera.

En lo que a nosotros respecta, la mágica flauta del lenguaje neoliberal no nos logrará encantar y no renunciaremos a denunciar el nombre y el propósito del flautista y a propósito recordamos lo dicho por Francisco Mosquera: "Unos, creo que los más reducidos, se convertirán en colaboracionistas, como el M-19, pero el grueso de la población defenderá la patria a morir. Mi Partido aspira al honor de incluirse en este último bando".

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