La Comunidad Educativa Frente al Neoliberalismo.
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LOS ESTRAGOS DEL NEOLIBERALISMO EN LA POLITICA UNIVERSITARIA EN LOS AÑOS 90
MIGUEL ANGEL PARDO ROMERO
En este capitulo...
El Sistema Nacional de Acreditación, calidad por lo bajo.
El reinado de los teguas.
La refeudalización de la función de la educación.
La enajenación de la investigación científica nacional.
Un común denominador de las reformas universitarias propuestas por la comunidad académica y científica, a lo largo de la historia nacional, es su preocupación por garantizar la existencia de un núcleo de investigadores, profesionales, tecnólogos y técnicos de alto nivel que requiere un país para su desarrollo nacional y el bienestar de su población.
Otra de las constantes ha sido señalar que una reforma de tales dimensiones sólo es posible sobre la base del diseño soberano de la política educativa, de ciencia y tecnología; la financiación estatal y la participación decisoria de la comunidad universitaria en la determinación del rumbo académico.
Tales premisas son un aporte de las revoluciones democrático-burguesas en el mundo y no existe país desarrollado del planeta que no haya logrado su alto nivel educativo y científico de otra manera.
La validez de estos criterios comprobados a la luz de la historia de las naciones industrializadas, han sido descalificados como fórmulas del pasado por la vieja novedad del neoliberalismo que ha orientado la política educativa y científica de los últimos gobiernos.
El resultado de esta política al mando en el Estado es que hoy está seriamente comprometida la existencia de la universidad pública al igual que nuestra débil comunidad educativa y científica nacional, con lo que se da vía libre a la enajenación de una actividad social de carácter estratégico para el país, como es la asimilación y generación del más avanzado conocimiento científico.
Con el propósito de que se observe la gravedad del asunto, se hace necesario demostrar tanto las existencia de la neoliberal intervención extranjera en nuestra política educativa, de ciencia y tecnología, como también sus desastrosos efectos sobre la calidad y la cobertura del sistema universitario y, especialmente, el efecto que tiene en la disolución de la comunidad académica nacional.
Lo cierto es que no hay documento de la Banca Mundial o del Fondo Monetario Internacional, que no se haya constituido en la oficial política educativa, de ciencia y tecnología. Basta hacer el ejercicio de tomar dos de los últimos documentos emitidos en último bienio y observar los estragos que ha ocasionado en nuestro ya de por poco vigoroso sistema educativo.
"En realidad se puede aducir que la enseñanza superior no debería tener mayor derecho a utilizar los recursos fiscales disponibles para la educación en muchos países en desarrollo, en especial los que aún no han logrado acceso, equidad y calidad adecuados en los niveles primario y secundario". "Además la realidad fiscal en la mayoría de los países en desarrollo indica que los mejoramientos de la calidad y el aumento de matrículas en la enseñanza postsecundaria pueden lograrse con poco o ningún aumento del gasto publico" .
A estas alturas lejos estamos de considerar las anteriores como "recomendaciones" sin efecto alguno. Pese a que el gasto público en educación en relación al PIB entre 1970 y 1993 aumentó 0.22%, lo que equivale tan sólo a 0.01% por año en promedio , el porcentaje de inversión del gasto público en 1990 fue del 22.6% y en 1994% del 17.7%. Sin mencionar que en los años de la expedición de la Ley 30 de 1992 y en el siguiente, el porcentaje fue el más bajo del lustro, 11.2% y 9.9%, respectivamente .
Para 1995 y 1996, el FMI rec se paralicen otras vez las instituciones territoriales de educación superior. Con el agravante de que el déficit calculado a 1998 es de $175.000 millones.
Lejos de acometer una solución definitiva para garantizar el financiamiento estatal, a mediano plazo se pretenden materializar las recomendaciones de la banca internacional, tal como ha sido expresado por el actual Gobierno Nacional en la Comisión para el Desarrollo de la Educación Superior, creada en junio de 1996. Ellas se resumen en la completa eliminación de la autonomía académica, de la gratuidad de la educación, la transferencia de las responsabilidades financieras de la Nación a las entidades territoriales y la privatización de las universidades.
La capacidad de veto del Ministerio de Hacienda sobre el rumbo académico se concibe como método para garantizar que las "universidades públicas comprendan las limitaciones de financiación del gasto por parte del Estado y ser consecuentes con las políticas que en materia fiscal fija el gobierno nacional..." . En virtud de tal razón, el argumento se elevó a la categoría de ley de la República .
En un país en que tan sólo el 2.3% de la planta de docentes tiene el título de doctor , el documento propone la total autofinanciación de los posgrados, lo que significa subordinar la posibilidad del fortalecimiento del núcleo nacional de científicos a la ley de oferta y la demanda. Igualmente a pesar de que para la misma fecha el 83% de la población universitaria pertenecía al 40% de la población de mayores recursos , la norma implicará, según el gobierno, un significativo aumento de las matrículas, cuyas tarifas se fijarán teniendo como punto de referencia las existentes a nivel internacional en el sector privado .
El también propuesto estatuto financiero convertiría la responsabilidad y el presupuesto estatal para la universidad pública en subsidios y créditos otorgados proporcionalmente al grado de privatización. Una vieja fórmula que extinguió la universidad pública en México en los años 30 del presente siglo y que los gobiernos liberales de fines de la primera centuria tuvieron que reversar .
En la Colombia de hoy, la gravedad del asunto ha generado que por primera vez en mucho tiempo se realicen eventos, movilizaciones y paros coordinados conjuntamente por directivos, docentes, estudiantes y trabajadores .
La filosofía de la miseria y la miseria de la educación y la investigación científica.
El principal efecto de las recomendaciones de la banca internacional es que la universidad colombiana se está deshaciendo aceleradamente. La concepción neoliberal sobre su financiación a trastrocado el concepto de autonomía, que en la práctica es la libertad de escoger el mejor camino para disolverse.
Con el propósito de allegar recursos para su financiamiento, las universidades han desatado un agresiva campaña de mercado, abriendo cuanto programa de profesionalización, pregrado y posgrado se les ocurra, en los más alejados sitios con respecto a sus sedes, por lo general en prestadas y no adecuadas instalaciones y con un cuerpo docente contratado a destajo .
Se resuelve el ingreso de dineros pero con estudiantes y profesores predominantemente a distancia, disolviendo así la comunidad universitaria cuya función característica debe ser determinar el rumbo académico, las reformas curriculares y las líneas de investigación en concordancia con el interés y el desarrollo nacionales.
Podemos resaltar y resumir los principales estragos de las imposiciones fondomonetaristas y el costo de no ejercer la soberanía nacional en el campo de la educación y la investigación científica en los siguientes cuatro puntos.
1. El Sistema Nacional de Acreditación, calidad por lo bajo.
Durante los foros públicos organizados por el ponente de la gubernamental reforma postsecundaria de 1992, el ex-rector de la Universidad Nacional Ricardo Mosquera, los diversos sectores le exigieron caracterizar las universidades como centros educativos de alto nivel científico tanto en los contenidos de sus programas como en la investigación y en la producción de conocimientos.
Ello debía garantizarse por medio de un Sistema Nacional de Acreditación (SNA). Pero hecha la ley hecha la trampa. El Sistema se consignó pero también la no obligatoriedad de acogerse a él, lo que legitimó la coexistencia de dos tipos de universidades : las que registren programas académicos que contengan los conocimientos, métodos e infraestructura más avanzada y desarrollen investigación, por un lado; y, por el otro, las que representan todo lo contrario. Lo que significa institucionalizar la generalización de los denominados garajes.
De paso se atentó contra la existencia de la mayoría de universidades públicas, pues al igual que la industria y la agricultura nacional, la educación e investigación científica y tecnológica, se subordinó a las leyes del mercado del capitalismo salvaje. Los aportes del Estado sólo estarán asegurados para la financiación de estudiantes, de proyectos y programas de investigación de las instituciones acreditadas, lo cual sería válido si el Estado cumpliera con la inversión previa en el sector público, de lo contrario, los aportes del tesoro público se destinarán para pocas instituciones, especialmente, privadas.
Ello se expresa claramente en el condicionamiento de un mayor apoyo financiero a las universidades que aumenten sus ingresos con base en la generación de recursos propios , lo que implica como lo advertimos antes, el doblegamiento de la academia frente al mayor lucro generado por la apertura de determinadas carreras y, lo que es peor, a priorizar las investigaciones rentables sobre las que necesita la población o el país para su desarrollo.
Algunos académicos defienden el carácter voluntario de los sistemas de acreditación en favor de la autonomía, como ocurre en Estados Unidos y Canadá. Pero no se cae en cuenta que en Colombia la Ley 30 de 1992 no exige las mínimas condiciones para que nuestras universidades se califiquen como tales por sus pares internacionales. "El uso indiscriminado del término de universidad debilita los mecanismos eficaces de acreditación, por eso no existe en Latinoamericana" . En nuestro caso varios son los ejemplos.
A la firma de Ley 30 de 1992 son reconocidas como universidades las que ya existen (art.19), es decir, que se aceptaron como tales, así fuesen en realidad un instituto tecnológico o técnico. Tampoco se consignó un porcentaje mínimo de profesores, estudiantes e investigadores de dedicación exclusiva; para enseñar sólo se requiere el título de licenciado o profesional; mientras que el control sobre el número y el nivel de especializaciones quedó de tal manera relajado que hoy se logran durante los fines de semana en tan sólo un año.
Cierto es que en Canadá y Estados Unidos la acreditación es voluntaria pero los requisitos mínimos de reconocimiento son exigentes para optar a la candidatura, la cual no es posible obtener entre otras razones, si no es evidente el papel de los estamentos en el rumbo académico de la institución, asunto que no es una práctica en nuestro país. Además, con el mismo rigor que se otorga la acreditación también se hace el seguimiento. Por ejemplo, es posible perderla por causas tales como la no participación de las universidades privadas en programas de ayuda económica estudiantil, como mínimo durante 5 años o "si se tiene un patrón de quejas de estudiantes relativo a su gerencia o al manejo de los programas de ayuda estudiantil o relacionado con publicidad o promoción engañosa de sus programas educativos" .
Por último, vale la pena hacer especial mención sobre el debate que se desarrolla en Estados Unidos frente al carácter voluntario del sistema de acreditación. Según el Dr Clifton R. Wharton, una de las más destacadas figuras académicas, 5 razones atentan contra la calidad de la educación en ese país, dos de las cuales tienen que ver con que la formación académica dependa cada vez más del peculio personal; lo que en otros términos significa que no se está garantizando el ingreso de lo más granado de la inteligencia docente, estudiantil e investigativa debido el espiral ascendente de los derechos de matrícula y al debilitamiento de los programas de ayuda estudiantil .
En conclusión estamos muy por debajo de las condiciones mínimas internacionales para ser universidad, más sin embargo, es voluntaria la acreditación. A la vez que, se obliga a burdas reformas académicas cuyo criterio de calidad no es el avance científico, sino que se prioriza la utilización de los recursos humanos y de infraestructura en la creación de cuanto programa y asesoría resulte monetariamente más lucrativo. El interés nacional subordinado al capital.
Pero tal vez uno de las más aberrantes imposiciones de la banca internacional son las recomendaciones que nos regresa a la condición de país de teguas, como en la época colonial, conclusión que se infiere de unas metas educativas trazadas para fines del segundo y comienzos del tercer milenio de nuestra era. Bastan tres ejemplos .
El primero. El programa de madres comunitarias es un atentado contra la escolaridad científica y una perfecta materialización del dañino lenguaje posmodernista y axiológico que sobredimensiona los "saberes populares". Con el propósito de racionalizar el gasto público se insiste en entregar el desarrollo del lenguaje, el pensamiento, los fundamentos nocionales, la formación artística y la socialización de los niños de preescolar a un personal que a duras penas ha terminado la primaria.
Lo anterior implica sacrificar el derecho que tiene la Nación a la más avanzada educación para nuestra niñez y desconocer la necesaria formación universitaria de docentes y demás profesionales que deben intervenir en la escolarización de los infantes. Todo a cambio de cumplir con las condiciones de los organismos financieros.
El segundo. La instrucción promedio de la población para el año 2005, según la propuesta, debe ser el noveno grado. Tener sólo educación básica en el tercer milenio no significa otra cosa que el analfabetismo. Sobre todo si se tiene en cuenta que tal cobertura se pretende alcanzar acudiendo a la promoción automática de un grado a otro sin reparar en requisitos mínimos de exigencia. Se persiste, además, en reversar una conquista de la población consignada en la Ley General de Educación que contempla la secundaria especializada en las instituciones a cargo del Estado.
El tercero. La negación de la existencia de las instituciones que la especie humana creó para garantizar la sistematización, la transmisión y la producción del conocimiento y su suplantación por los medios de comunicación o por las llamadas organizaciones no gubernamentales, ONG. Se propone que sean estas agrupaciones las que asuman la enseñanza de los desertores del sistema educativo regular.
Entendemos que las ONG puedan contribuir a este género de labores pero de lo que se trata es de garantizar que los colegios y universidades cuenten con infraestructura adecuada y los profesionales especializados para lograr despertar el gusto por la escolaridad y atender los casos que presenten mayores dificultades en el aprendizaje.
Pero la tendencia a fortalecer la educación informal es todavía más grave. Pese a que no es una característica que las distinga socialmente, este tipo de asociaciones están asumiendo la actualización de los profesores en ejercicio, captando los recursos del situado fiscal y de las entidades territoriales en detrimento de las universidades y, de paso, dejando sin acreditación alguna a los docentes que les garantice su ascenso en el escalafón.
3. La refeudalización de la función de la educación.
Era una característica de la educación feudal el divorcio entre el conocimiento y el desarrollo. Entre más alejado de lo mundano, era considerado más puro, pero más inservible para esos efectos. Su principal función social era la defensa de los valores que justificaban el decadente sistema soportado en el vasallaje. La crisis del modo de producción feudal derivó de su incapacidad para encontrar solución diferente a la profundización de la explotación de la mano de obra campesina para resolver las necesidades materiales de la sociedad. La burguesía en cambio, incorporó el conocimiento a la producción y con ello contribuyó a superar las dificultades productivas.
Ese aporte de la burguesía revolucionaria al desarrollo de la humanidad, es también ahora desconocido varias centurias después por el documento de la Misión para la Modernización de la Universidad, según el cual, a esta le corresponde, "..pagar 5 deudas que la sociedad ha adquirido históricamente: la exclusión de las minorías étnicas y los pobres; la violencia; las desigualdades sociales; la insolidaridad y la depredación del medio ambiente" .
Constituye un despropósito pretender que la universidad tenga que resolver este tipo de asuntos que son del resorte de la política económica y social que practican los Estados, como también creer que tiene la posibilidad de hacerlo pero no la voluntad. Por supuesto que puede estudiarlos científicamente y contribuir de esa manera a resolverlos, pero no es su deuda.
Igual de grave es reducir el carácter científico del estudio de las ciencias sociales a unas prácticas sociales, que con este tergiversado objetivo han privilegiado las reformas curriculares, las cuales parten del supuesto de que la pobreza material del género humano se deriva de la crisis de valores, la insolidaridad y las malas maneras. De acuerdo con ello, la función social de la universidad quedaría reducida a restablecer, sin previo examen, la virtudes de la agrietada axiología predominante. Con esta lógica, el punto de referencia de calidad termina siendo la caridad y no el carácter científico de los contenidos y de la universidad en general.
No es coincidencia que el ya mencionado documento de la Misión para la Modernización, establezca privilegios para acreditar a las universidades que enfaticen en ese tipo de prácticas sociales. De paso se nos endosa, con demagógicas soluciones, la responsabilidad de los asuntos que le corresponde al Estado resolver, la supervivencia de los niños menores y la alfabetización de adultos en el caso de la educación media y la construcción de puestos de salud o de escuelas por parte de los estudiantes de enfermería o de licenciatura. Alejarnos de la comprensión científica de los fenómenos de la sociedad y de la naturaleza para aplicar sus leyes en favor del desarrollo no es ninguna novedad, es refeudalización de la universidad.
4. La enajenación de la investigación científica nacional.
Mientras que nosotros hacemos axiología, ¿quién produce ciencia? Con la creación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en 1990, la inversión en este sector tan sólo alcanzó al final del cuatrenio de Cesar Gaviria el 0.4% del PIB. La producción científica que Colombia aporta a Latinoamérica representa un 1.3% y el subcontinente a su vez un 1.76% al mundo, del cual un 89% es generada por Brasil, Argentina, México, Chile y Venezuela. Para 1987 el numero de investigadores por millón de habitantes en Colombia era de 1.5, mientras que países como Japón y E.U. se encuentran alrededor de los 6500. Sólo el 26% tenían título de magister y el 10% de doctor y un 67.55% eran de tiempo parcial .
Pese a este raquítico panorama, la política para la investigación científica de la administración Samper reitera su orientación hacia la promoción de los valores y la convivencia social y condiciona el fomento de lo más avanzado del conocimiento tecnológico a "...fortalecer las ventajas competitivas de la economía colombiana" que "...asegure un crecimiento sostenido". Con el agravante que se deja la definición de las áreas de la economía y de la investigación con apoyo estatal, a aquellas derivadas de la contextualización de la educación superior en el creciente proceso de globalización .
Lo que en la práctica se ha traducido en la insistencia gubernamental de vender Ecopetrol y Telecom con el argumento según el cual, en comparación con otros países, nuestra tecnología no ofrece ventajas para la competencia en la refinación de petróleo y en comunicaciones. Con un criterio similar se quebró el cultivo del trigo y del arroz. Es común escuchar a los aperturistas preguntar ¿ para qué producir si otros lo hacen mejor y se puede importar?, lo que podemos entender como un ¿existe problema alguno en que en materia de combustibles, servicios estratégicos o en alimentos básicos, dependamos de nuestros "aliados"?, a pesar de que contemos con los recursos.
Con esa lógica, podemos concluir que nadie puede competir con nosotros en producción y comercialización de pitahaya y tomate de árbol, y por lo tanto, a ello debemos dedicar principalmente nuestros esfuerzos educativos y de investigación. Y cuándo por una razón "inusual", por motivaciones geopolíticas o geoeconómicas, los países proveedores condicionen sus indispensables envíos nosotros responderemos con... ¡¡ la suspensión del suministro de frutas tropicales !!. En materia de los beneficios mutuos y en relaciones en pie de igualdad es suficiente advertencia para los colombianos la unilateral certificación gringa de cada año.
El documento del DNP también anuncia que la actualización del 50% de docentes y de los investigadores, los cambios en los planes de estudio y la creación de 25 doctorados y 20 maestrías, estarán subordinadas a los criterios arriba anotados. Y los recursos presupuestales también, pues quedarán sujetos a un centro de gestión de las relaciones univ ranjera en nuestro sistema educativo está consignada como una de las 11 recomendaciones del Ministerio de Educación Nacional y el DNP al CONPES que figuran en el material. No sobra recordar que los US$60 millones dirigidos a apoyar este plan, derivarán del endeudamiento externo del ICFES, a nombre de la Nación .
La comunidad educativa y científica y el interés nacional en el campo de la educación y la cultura.
Un significativo sector de la intelectualidad está en deuda con el país. A la hora del balance es evidente que la población aún cuenta con las instituciones educativas de reconocido nivel o con condiciones para alcanzarlo, no precisamente porque ésta se colocó al lado de la Nación sino por la patriótica contienda que libraron en su momento los docentes de la educación básica y media o los estudiantes, instructores y trabajadores del Sena.
En cambio, resultados contrarios se obtuvieron con la ley 30 de 1992 y la políticas de investigación científica para la universidad, gracias en gran medida a la complicidad de la intelectualidad criolla, que creyó encontrar en el posmodernismo una forma de "expiar sus culpas" de los sesenta y setenta, pero sobre todo se "dieron maña" de contribuir a soportar teóricamente el estado de desolación que aquí se resume.
Los supuestos que el neoliberalismo esgrimió para la sociedad y la educación están en crisis y es una obligación de los teóricos compararlos con los hechos, si es que verdad conservan algo del rigor académico que dicen profesar.
Reiteremos entonces los criterios que históricamente la comunidad educativa ha considerado pilares de una reforma científica y democrática y que recobran hoy plena vigencia
. En primer lugar, la financiación estatal es fundamental. Las revoluciones democrático -burguesas fueron las que establecieron que no hay otra institución en las sociedad, diferente al Estado, capaz de garantizar la suficiente cobertura que permita la instrucción generalizada de toda la población. El impulso, protección e inversión para la consolidación de una masa crítica de científicos ha sido un proceso paralelo al de la producción y el comercio en los países altamente industrializados. Por eso hoy no se concibe ninguno de ellos sin su propia base en la generación de ciencia básica o de tecnología.
En una clara exposición ante un encuentro nacional estudiantil, el Doctor Moisés Wasserman, dejaba clara la insubstituíble responsabilidad del Estado en la financiación de la investigación, si es que se piensa seriamente en el desarrollo nacional. Qué mejor ejemplo que los mismos Estados Unidos, señaló, "...cuyo presupuesto para investigación y Desarrollo en el año de 1993 se calcula en 1.5 trillones de dólares, de los cuales sólo para ciencias básicas se asignaron US$14.300.000.000... Colombia cuenta para esto, principalmente con un préstamo del BID de US$60.000.000 para 4 años, suponiendo que lograra multiplicarlo por 10..., nos tomaría más de 10.000 años, toda la historia de la humanidad desde la edad de piedra, gastar lo que los Estados Unidos van a invertir el próximo año. No quiero con ese cálculo sugerir la inutilidad del esfuerzo, nosotros no tenemos que mantenernos como primera potencia militar y económica; pero sí quiero mostrar, que el compromiso con la investigación tiene un costo alto que es asumido sin vacilación por el Estado. No saldrá de Colombia muy seguramente, la tecnología renovadora que utilice la fusión nuclear como fuente de energía alternativa y barata. Pero cuando eso suceda, y el precio de nuestro carbón y petróleo caiga a niveles que dejen de hacer rentable su explotación, debemos tener el potencial de respuesta que nos permita usarlos en síntesis de materias primas industriales, polímeros, etc. Pero esos desarrollos no son hoy una inversión rentable y no hay que esperar que alguien distinto al Estado la haga. Es el Estado el que debe mantener el potencial de respuesta del país ante cambios impredecibles de la realidad" .
Tampoco ha contribuido a la calidad del sistema educativo el comenzar a apartarse del criterio de la gratuidad de la educación, por el contrario, empieza a poner en crisis la universidad de otras latitudes como la norteamericana, si hemos de recordar la preocupación del Dr. Wharton.
En Colombia, entre tanto los resultados han sido funestos, tan sólo el 40% de la matrícula en la educación superior corresponde a las universidades estatales, sin embargo, o precisamente por ello, la calidad está cada vez más deteriorada. Aún más grave, la universalización de la básica primaria no se alcanzó, a la vez que, se calculó en 2.4 millones de jóvenes entre los 12 y 17 años, los excluidos de la escolaridad .
Aún así, sin gratuidad y con cada vez menor financiación estatal, los aportes investigativos que provienen de la universidad, corresponden en 78% a la pública ; lo que de paso desmiente otro de los sofismas neoliberales, según el cual es la rentabilidad y el favorecimiento del sector privado el motor de la producción científica.
En segundo lugar, el país no puede aspirar a tener una educación científica y de alta calidad, en todos los niveles, si el diseño de su política educativa no es soberano y si este no se propone como norte el desarrollo nacional y el bienestar de su población. Estamos de acuerdo en que para la humanidad lo más avanzado sería una producción material e intelectual única a nivel orbital, pero mientras que las relaciones y el intercambio entre los países del mundo no se establezcan en condiciones de igualdad y en beneficio mutuo, corresponde a cada uno pugnar por desarrollar la propia.
Si a ello se agrega que quienes dirigen el Estado no defienden con carácter de Nación esa causa, sino por el contrario subordinan el desarrollo de la academia a los requerimientos del capital internacional, entonces lo que corresponde es que estudiantes, profesores e investigadores, determinen el rumbo académico de las instituciones educativas con el propósito de garantizar la apropiación y generación de lo más avanzado del conocimiento científico, lo que deja claro que la democracia y la autonomía así concebidas, no son asuntos formales sino instrumentos invaluables para salvaguardar y defender la soberanía nacional en el campo de la educación y de la cultura.
Como epílogo de esta notas, enfatizo en el histórico criterio de la comunidad educativa y científica en el mundo contemporáneo, según la cual la educación hace parte de una estrategia general para el desarrollo autónomo de un país. El norte de esa estrategia debe ser una política que contribuya al desarrollo de la producción nacional y a mejorar el bienestar de la población. En ese contexto, el papel de la educación es la formación de alto nivel del recurso humano y la producción de conocimientos para contribuir al logro de tales fines .
Hoy estamos un paso adelante con respecto al Congreso de Profesores realizado en Medellín el abril de 1996 cuando propusimos la realización de éste Foro. Este escenario debe contribuir definitivamente a la consolidación del Frente por la Defensa de una Educación Científica y Democrática y, como lo señalamos en el evento de Medellín, esa es nuestra oportunidad de colocarnos a la altura de los movimientos estudiantiles de los años veinte y setenta del presente siglo que defendieron con vehemencia la soberanía nacional en el campo de la educación y la cultura..