SISTEMA DE ACREDITACION

En este capitulo...
Consejo Nacional de Acreditación. CNA
Compromisos del estado frente al sistema de acreditación.

Jorge Contreras Pineda
Miguel Pardo Romero
Pascual Amézquita Z

QUE DEBE SER EL SISTEMA DE ACREDITACION

Dentro de la función reguladora del Estado y en particular como función del sistema educativo para el fomento, vigilancia e inspección de la educación superior, la acreditación debe constituirse en un mecanismo que garantice que la totalidad de las instituciones de educación superior cumplan con unos requisitos mínimos para ejercer su función en beneficio de la sociedad.

La acreditación no debe ser un procedimiento que premie a las instituciones que cumplen los requisitos mínimos, pero que permite el funcionamiento a las que no los cumplen, tal como está establecido en la ley 30, debido a su carácter voluntario. En los documentos de evaluación de calidad de la Educación Superior está claramente establecido que en aquella que podemos llamar la era del ICFES se permitió la creación y funcionamiento de un gran número de instituciones de mala calidad y sería precisamente el Sistema de Acreditación el encargado de corregir la ineficiencia del ICFES.

Por lo tanto, para el establecimiento de un Sistema de Acreditación, que garantice la vigilancia de la calidad de la Educación Superior, se debe cambiar el carácter voluntario establecido en el artículo 53 de la Ley 30 de 1992.

Como criterios académicos generales de calidad a tener en cuenta al acreditar cada institución, señalamos:
- Acceso, transmisión y generación de los conocimientos más avanzados de la humanidad.
- Debe haber énfasis en la disciplinas que explican científicamente los contenidos, más que en en los aspectos que son aplicación.
- Para los programas en Ciencias Naturales las materias en Ciencias Sociales deben estar orientadas a permitir una contextualización del momento histórico en el que se vive, no a desarrollar labores de trabajo comunitario.

No aceptamos como eje rector del sistema de acreditación criterios basados en la axiología, los cuales han sido propuestos en la mayoría de los documentos sobre el Sistema de Acreditación y en los documentos sobre Modernización de la Universidad Pública. La intensión que se puede deducir de esas propuestas es que la manera en que la Universidad se relaciona con la sociedad es desarrollando actividades comunitarias para, supuestamente (pues de hecho tampoco por este mecanismo se ha logrado), resolver los problemas que el Estado no ha abordado y más bien ha acentuado. Se quiere que la Universidad resuelva el problema de la pobreza, que sin recursos desarrolle la producción, resuelva el problema de atención en salud, y hasta el problema de la violencia. Todo ello por la visión reduccionista de creer que el origen de todos los problemas está en una crisis de la escala de valores y en echar la culpa de la violencia a las condiciones objetivas.

Con este tipo de planteamientos se quiere desconecer que la génesis de esos problemas está es en la carencia de políticas tendientes al desarrollo de la producción nacional para el crecimiento económico del país, a una limitada asignación presupuestal para desarrollar políticas de salud y educación por considerarlas acciones secundarias o paternalistas, etc.

Si aceptamos esta concepción axiológica de la génesis de los problemas del país, y con ello las políticas que se quieren implementar en la Educación Superior, estaremos aceptando que la universidad sea directo responsable del agravamiento pasado, presente y futuro de los problemas sociales. Por otro lado permitiremos un deterioro aún mayor de la calidad de la Educación Superior pues -como ya ocurrió a finales de la década pasada- la estaremos alejando aún más de su función social de desarrollo de la ciencia y la tecnología.

De otra parte, junto a los requerimientos académicos los criterios de acreditación deben consagrar criterios por carreras, con parámetros concretos mínimos y cuantificables referidos a condiciones como la infraestructura material (número de aulas, de equipos, de libros), la formación, vinculación y actividades de los docentes e investigadores (titulos, vinculación de tiempo completo, número máximo de alumnos por profesor), el bienestar universitario (servicio médico, restaurante, alojamientos) y el desarrollo de actividades investigativas (número mínimo de investigadores y de temas, recursos).

Particular atención merecen los artículos 16 al 19 de la Ley 30 de 1992, los cuales permiten el desarrollo de los mismos programas en diferentes tipos de instituciones, pero unas pueden funcionar sin tener actividad investigativa, asunto que no tiene justificación a la luz del conocimiento, pues no se puede aceptar que funcionen los mismos programas pero de diferente calidad según el tipo de institución en que se realicen, odiosa distinción que además enmascara una elitización del conocimiento mismo.

Igualmente, todas las carreras que funcionen en una Institución deben cumplir los parámetros del Sistema de Acreditación. Bajo ninguna consideración puede aceptarse la Acreditación parcial, pues sería fácil para muchas entidades acreditar unas pocas carreras y bajo su alero ofrecer muchos otros programas que no tienen las condiciones mínimas de funcionamiento. El hecho de ser voluntaria sumado a la posibilidad de ser parcial, sería poco menos que el fracaso real del Sistema, el cual se convertiría en algo así como el cómplice de la mala calidad de las instituciones.

CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION (CNA)

El futuro CNA no puede reproducir la estructura antidemocrática del CESU y el ICFES, en donde se privilegia los sectores extrauniversitarios sobre los integrantes de la comunidad académica universitaria, en particular profesores y estudiantes. Tampoco puede tener mayor fuerza la representación del sector privado de la educación. La democracia no consiste en participar sino en que los sectores sociales involucrados tengan capacidad decisoria.

Defendemos el criterio de restituirle la función social productiva a la universidad, por medio de la ciencia y la tecnología, lo cual implica que el sector productivo participe como asesor siempre que sean los académicos quienes definan. Así como las empresas se asesoran de los académicos pero son sus directivos quienes toman las decisiones, gracias a un sano criterio de autonomía, también pedimos la misma consideracion en sentido recíproco.

En ese orden de ideas reclamamos que de los ocho miembros del CNA, los 3 representantes del CESU sean el representante de la comunidad académica estatal u oficial, el profesor universitario y el estudiante. Los otros 5 miembros que sean designados por el CESU con los requisitos establecidos en la propuesta "La acreditación integral al servicio de la calidad de la educación".

COMPROMISO DEL ESTADO FRENTE AL SISTEMA DE ACREDITACION

Se debe desbordar el carácter fiscalista del Estado. Es necesario plantear fórmulas para el apoyo material y financiero de la Educación Superior, por cuanto el deterioro de la calidad académica de la mayoría de instituciones oficiales de Educación Superior es resultado de la asfixia presupuestal a la que han sido sometidas durante décadas por parte del Estado.

El Estado se debe comprometer a financiar totalmente los gastos de funcionamiento y los programas de inversión de las universidades oficiales. Además, es necesario establecer fórmulas para permitir que las universidades públicas, con adecuada financiación y autonomía, cumplan los parámetros establecidos por el Sistema de Acreditación. No se puede permitir un sacrificio automático de instituciones que han sido abandonadas por isión que le ha sido encomendada.

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